Autodeterminación

• Dice que primero recabó la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat
• Alega que el TC no advirtió al Govern sobre las consecuencias de incumplir

• Se celebra la segunda sesión del juicio a Artur Mas,Joana Ortega e Irene Rigau
• Asegura que Educación trató de "forzar" a abrir sin dar instrucciones por escrito

• Asegura que lo hizo por cumplir el mandato del Parlament de Cataluña
• Exculpa a Ortega y Rigau y asegura que solo cumplieron sus directrices
• Asegura que nunca recibió una advertencia clara las reponsabilidades en las que podía incurrir
• Mas, Ortega y Rigau están acusados de desobediencia grave y prevaricación

• Puigdemont defiende que "hoy muchos nos sentimos juzgados"
• Ada Colau y Pablo Iglesias también han mostrado su apoyo a Mas y las exconsejeras
• El Gobierno advierte a Mas que "todos" son iguales ante la ley

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido este lunes toda la "iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament".

Mas ha afirmado que las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, y el actual diputado Francesc Homs, se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero, tras negarse a contestar las preguntas de la Fiscalía en el juicio por el caso del 9N.

El juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Riagu por desobediencia al Tribunal Constitucional por la consulta del 9N ha arrancado con casi una hora de retraso porque los acusados han llegado tarde tras hacer a pie el camino desde el Palau de la Generalitat arropados por el Govern y por independentistas. Las defensas han alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inicia este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, acusados de mantener la votación del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes.

• El lunes comienza el proceso contra el expresidente
• También serán juzgadas Joana Ortega e Irene Rigau
• Alega que defendieron "noblemente" la opinión de la mayoría catalana

• Vincula la investigación sobre la financiación irregular con el juicio por la consulta
• "Aquí se puede montar una operación antidemocrática e ilegal y no pasa nada"
• Casado: "Quien pone en duda el estado de derecho es quien se lo quiere cargar"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión de la autonomía, "es una opción" y que el Gobierno tiene previstas "todas las alternativas" ante una hipotética convocatoria de referéndum independentista en Cataluña.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE ha añadido que "si alguien está en un escenario de incumplimiento de las leyes la obligación del Gobierno es garantizar que se cumplan y para ello habrá que tomar las medidas que en un Estado de derecho están habilitadas y previstas".

"El artículo 155 está ahí, está en la Constitución y por lo tanto es una opción", ha mantenido, para insistir en que el Gobierno ha estudiado las distintas alternativas.

No obstante Catalá ha aclarado que en este tema lo que más le preocupa al Ejecutivo es "mantener un vínculo permanente con los ciudadanos y las relaciones con las instituciones" y en este sentido ha recordado que el Gobierno de España tiene "la mano tendida al de la Generalitat para hablar de todo de lo que podemos hablar".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este miércoles que el Ejecutivo del PP responderá con la Constitución a "los abusos de los gobernantes" de Cataluña, que buscan convocar un referéndum que, según ha recalcado, no es legal.

"Lo que usted pretende es ilegal y el juez que ha sentenciado esa ilegalidad no es otro que el juez. Y ustedes anteponen ese derecho a decidir a los derechos fundamentales de las personas, a la libertad de pensamiento y al derecho a su intimidad", ha exclamado al portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, que ha criticado la "cerrazón" del PP.

"Si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum y vamos a ejercer el derecho a decidir, razón por la que sería bueno que corrigieran y se sentarán en la mesa de negociación", ha dicho Tardà, para añadir que esperarán al Ejecutivo del PP "hasta el último momento".

• Responde así a la insistencia de ERC por celebrar o pactar un referéndum
• Tardá denuncia "cerrazón" del PP: "De igual manera convocaremos el referéndum"
• La vicepresidenta ironiza: En ERC son "más útiles" al proceso "cuando callan"
• Rajoy critica que quieran hacer una consulta ilegal: "Y además lo dicen"

• Junqueras dijo que los datos proceden "de los impuestos propios y cedidos"
• Avanzar el referéndum es "la mejor respuesta" si inhabilitan a Forcadell, dice
• JxSí y la CUP tumban la comparecencia de Puigdemont por el caso Santi Vidal

• Denuncia que el Gobierno haya rechazado negociar el referéndum
• "Europa no puede mirar a otro lado. Esto debe tomarse en serio", dice

• El presidente se refiere al acto de Puigdemont en Bruselas
• Cree que tiene "perfecto derecho a ir" al Parlamento Europeo
• Pero considera comprensible que no tenga respaldo de la UE

• El fiscal pidió su inhabilitación para ejercer cargo público durante nueve años
• Tras el escrito de la defensa, el juicio se celebrará pasadas unas semanas
• Homs cuestiona la imparcialidad del tribunal tras la apertura de juicio

• Así lo dice el escrito de alegaciones de Forcadell y otros cuatro diputados
• Tras el incidente de ejecución del Gobierno tras la aprobación de una resolución
• Esta resolución planteaba un referéndum con o sin el aval del Estado en 2017

• Señala la posible desobediencia por no acatar la resolución del TC
• El TC no ha recibido todavía las alegaciones de las defensas

• Dice que será "legal porque se convocará de acuerdo con el mandato de las leyes"
• "Aún no hemos recibido respuesta a la mano tendida para pactarlo" con el Gobierno de Rajoy

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han anunciado este jueves, a través de un comunicado, que han alcanzado "un acuerdo político global" sobre la ley de transitoriedad jurídica, que debe amparar el referéndum en 2017 y permitir desconectar la "República" catalana del marco legal español.