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Casi tres años después de los atentados del 11-M, el 15 de febrero de 2007, el juez Gómez Bermúdez, daba comienzo al juicio en la Audiencia Nacional por los atentados. El 17 de julio de 2008, el Tribunal Supremo da por cerrado el proceso. Hoy, cuatro condenados siguen en prisión: tres en España y uno en Marruecos. El resto de los condenados están en libertad, 20 años después. Un total de 29 acusados de los cuales 21 fueron condenados, algunos con penas de hasta más de 42.900 años. Si bien, a las víctimas les dejó un sabor agridulce, pues pedían condenas y penas más altas.

Ni la Audiencia Nacional ni el Supremo establecieron a los autores intelectuales del 11-M, al considerar que murieron en el suicidio del piso de Leganés. “No se pudo demostrar y no se pudo condenar a los autores intelectuales: no porque hayan sido otros, sino por falta de pruebas”, explica Javier Zaragoza, fiscal jefe del 11-M. Lo cuenta Araceli Sánchez.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el juicio del 11M, Javier Zaragoza, recuerda la presión con la que trabajaron los profesionales que llevaron a cabo la investigación judicial de los atentados. “La instrucción judicial apuntaba en un dirección y la presión mediática y política apuntaba en una distinta. Parecía que era obligado llegar a la conclusión de que había sido ETA y no el yihadismo”, asegura Zaragoza, que subraya que las pruebas eran contundentes. “Judicialmente, no había ninguna vía ni ninguna pista que nos condujese hacia la organización terrorista ETA”.

Zaragoza cree que la investigación fue buena pese a que no se pudo clarificar la autoría intelectual de los atentados. “Todos sabíamos o de alguna manera, por las informaciones que se manejaban, que quien de alguna manera autoriza o prepara la situación para que pueda cometerse un atentado fueron los mensajes que se lanzaban desde Al-Qaeda, que situaban a España efectivamente como objetivo de una acción terrorista”.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, destaca en un auto del pasado 7 de febrero el papel de intermediario del exministro José Luis Ábalos en la trama. El juez Moreno se basa en una reunión, el 10 de enero de este año en una marisquería de la capital, en la que estarían presentes el exministro y Koldo García y en la que se habría abordado la reclamación de la Administración balear por las mascarillas suministradas por la empresa Soluciones Globales de Gestión. Una reclamación que ascendía a 2,6 millones de euros. Ábalos no figura entre los investigados y un nuevo nombre aparece en este auto, al que hace referencia Koldo García: asegura que había quedado con "Miguel Tellado" y "Alberto", sin especificar si se refiere o no a cargos del PP. Informa Gema Alfaro.