- La Benemérita ha actuado contra actividades de propaganda de ideas radicales
- Se investiga si las personas arrestadas compartían contenido del Dáesh en internet
- Imanol reconoce varios delitos contra Hacienda, acepta una condena de menos de dos años de cárcel y pagará una multa
- Este martes ha comenzado la vista oral del juicio, que puede alargarse hasta el mes de septiembre
- Al comprobar que uno de los contratos investigados se financió con fondos europeos, han acordado asumir toda la causa
Laia Tejada, abogada penalista en el despacho Molins & Parés, ha estado en el 24 horas con Josep Cuní para analizar y tratar de explicar que la Audiencia de Madrid avala la apertura de la causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias. La abogada ha explicado que antes se utilizaba el término 'imputado', pero desde 2015 se ha cambiado a 'investigado' dada la connotación social negativa que tenía el primero.
Tejada aclara: "La condición de investigado es aquella que tiene una persona respecto a la cual se dirige un procedimiento penal por la presunta comisión de un hecho delictivo". Añade que la condición de investigado "no se adquiere cuando es llamado a declarar en calidad de investigado, sino se adquiere desde el mismo momento en que se inicia ese procedimiento penal con respecto a la persona".
La abogada del despacho Molins & Parés expresa que desde que se adquiere la condición de investigado se adquiere una serie de derechos. "En el supuesto de que se practiquen diligencias de investigación podrá estar presente el abogado de la señora Begoña Gómez, por esto es muy importante", argumenta.
Tejada considera que el procedimiento del juez que ha abierto diligencias a Gómez se ajusta al procedimiento regular: "Ha hecho una cosa que es acotar lo que sería el objeto del procedimiento porque parece ser que en esa denuncia de Manos Limpias se pone de manifiesto toda una serie de hechos [...] Es el juicio que ha realizado con mayor concreción la Audiencia Provincial", sentencia.
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- Descarta la descoordinación entre el Juzgado de Instrucción, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Málaga
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- El expresidente de la RFEF ha acudido a la Audiencia Nacional, donde se le ha notificado la apertura de juicio
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- El juez ordena la práctica de una serie de diligencias por las actuaciones desarrolladas el 9 de noviembre de 2019
Deconstrucción de la competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en el verano de 2022 a Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr, seis de las constructoras más importantes del país, con una multa de 203,6 millones de euros por vulnerar la normativa de la competencia.
En este episodio de ‘Esto merece una explicación’ intentamos desgranar la resolución de la CNMC con los testimonios de Marisa Tierno, directora de Competencia de la CNMC, Julián Núñez, presidente de la patronal de la construcción Seopan, Mercedes Pedraz, magistrada de la Audiencia Nacional y Natalia Sobrino, profesora de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, analizamos las implicaciones sociales, políticas y económicas que tiene la falta de competencia en nuestro día a día con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. 'Deconstrucción de la competencia', con guión de Juanjo Cubero.
- Sostienen que la presunta investigación se llevó a cabo con fines partidistas, a raíz de unos audios publicados en prensa
- El escrito señala posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación
- Recalca que las investigaciones realizadas no revelan que haya tenido conocimiento o intervención en la trama
- Sigue en directo la última hora sobre la decisión de Pedro Sánchez
- "Los hechos encajan en un delito de integración/colaboración con organización terrorista", según el auto
- El investigado es de nacionalidad paquistaní y tras el suceso ingresó en prisión provisional
- Los alumnos han logrado que la Audiencia Nacional ordene que se le entregue un salvoconducto para pedir asilo
- Huyó de Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder en verano de 2021
- Son Jesús Rodríguez y Josep Campmajó, que se unen así a otros investigados en la causa que también se han ido a Suiza
- El martes el juez Manuel García-Castellón solicitó a las defensas que faciliten las direcciones en las que recibirán la citación
- La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha registrado cuatro viviendas en Madrid
- El lunes serán puestos a disposición judicial por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita
El juez García Castellón propone juzgar a seis exetarras por organizar 120 homenajes a presos de ETA
- Considera que existe un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo entre 2016 y 2020
- El juez de la Audiencia Nacional pone fin así a la instrucción de una causa que comenzó en 2018
- También contra el exgerente del Partido Popular en Madrid Beltrán Gutiérrez
- Rechaza la solicitud de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos
- El 27 de marzo un hombre rompió los cristales de un McDonalds del centro comercial Màgic y no hubo heridos
- El juzgado de instrucción ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza
- También solicita inhabilitación especial en el ámbito deportivo y una indemnización de 50.000 euros
- Le acusa de los delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora de fútbol
El experto en ciberseguridad de Perception Point, Rafa López, ha advertido que la suspensión de Telegram podría causar que los usuarios se encontrasen en una situación vulnerable. Esto se debería a que para poder usar la aplicación lo harían mediante los servicios de vpn y prozis, por lo que se podrían exponer a cibercrímenes. También ha expuesto que se debería de tomar otras medidas legales más concretas, en vez de suspender el uso de la aplicación.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado suspender la aplicación de forma cautelar. Ha sido a raíz de una denuncia por vulnerar los derechos de propiedad intelectual. El juez ha dado un plazo de tres horas a las operadoras de telecomunicaciones, desde que reciban la notificación, para bloquear el acceso a Telegram.
Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration