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Procesan a Camps y a Rambla por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia

  • La juez procesa a dieciséis investigados, entre ellos varios empresarios, y acuerda el sobreseer la causa para diecisiete
  • El "coste cero" que Camps anunció que supondría el circuito se tradujo finalmente en un gasto de 88,8 millones de euros 

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El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una imagen de archivo
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Cárdenas

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad, dentro del llamado caso Valmor.

Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, la juez procesa a un total de dieciséis investigados, entre ellos varios empresarios, y acuerda el sobreseimiento provisional de diecisiete, entre ellos el ex secretario autonómico David Serra y la asesora del expresidente Belén Reyero, además de trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas.

En esta pieza del llamado caso Valmor se investigan las adjudicaciones realizadas en 2007 y 2008 por la entidad pública de la Generalitat Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) para el diseño y construcción del circuito.

Sobre Camps, la juez sostiene que "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito "con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat "al margen de las funciones propias" de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y "utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos".

Indicios "sólidos" contra Camps 

Considera además que dio trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares".

La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat.

Estas tareas de investigación permiten concluir, según la juez, que hay indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

Además, atribuye al expresident un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, personal del Ayuntamiento y de la Conselleria de Infraestructuras y empresas para contar con un circuito de F1 para su "rédito personal" que anunció que tendría "coste cero", cuando supuso 88'8 millones de euros entre 2007 y 2017.

La juez atribuye a Rambla un "papel director"

En total, la juez procesa a dieciséis personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña electoral de 2007, Vicente Rambla, por su "papel director" de los grandes eventos y como "continuador" del mecanismo instaurado para financiar los actos del PP en las elecciones autonómicas de 2007, basada en facturas ficticias o aportaciones de efectivo por empresas.

También procesa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores por su actuación "relevante" en la aprobación de resoluciones incluso en domingo, y al expresidente del GTP, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, órgano que licitó, adjudicó y ejecutó la totalidad de las obras del circuito urbano pese a no tener competencias para ello.

El GTP, según el auto, utilizó el "subterfugio" de un "pretendido" estudios de soluciones viales que "realmente amparaba la planificación, diseño y proyección" del circuito de F1, "distrayéndose recursos y fondos públicos ajenos" a su objeto social y mediante contratos "irregulares" tanto en su adjudicación inicial como en su posterior modificación.

Otros procesados son responsables de las empresas Typsa y Ayesa, a las que se adjudicaron con "discrecionalidad" las tres primeras fases del proyecto de construcción del circuito, o José Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja y presidente de FCC, empresa que en UTE con otras dos empresas fue adjudicataria de un expediente del circuito, y de quien recuerda la jueza que figura como donante en los "papeles de Bárcenas".

Este auto, contra el que se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, ha sido trasladado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía de la Generalitat para que formulen escrito de acusación en el que pidan apertura de juicio oral o de sobreseimiento de la causa.

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