Enlaces accesibilidad

Caso Máster

La Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por falsedad documental en el 'caso Máster'

  • Considera que indujo "a sabiendas" la falsificación de un acta que acreditaba la defensa de su trabajo final de Máster
  • Para el exdirector del Instituto que organizaba el máster en la URJC, Enrique Álvarez Conde, solicita tres años y nueve meses

Por
14 horas - Caso Máster | La Fiscalía pide tres años de prisión para Cifuentes

La Fiscalía de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado caso Máster, han informado fuentes fiscales.

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse" [El caso del máster de Cifuentes, clave a clave]. 

El fiscal señala a la docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña, porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Del mismo modo imputa al exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión.

Hace casi un año que el medio digital eldiario.es publicó la noticia que desembocó en el conocido como 'caso Máster', que un mes después, en abril de 2018, desembocaría en la dimisión de Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y, dos días más tarde, el 27 de abril de 2018, en su retirada de la dirección del PP de Madrid tras la publicación de un vídeo de 2011 en el que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.

El pasado mes de octubre, la juez que investiga el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, archivó la causa en relación a los delitos de prevaricación y cohecho impropio, pero siguió investigando a Cifuentes y a otros cuatro imputados -los tres anteriores y la profesora Alicia López de los Mozos- por el delito de falsedad documental.

El catedrático Álvarez Conde orquestó la falsificación

La acusación señala en su escrito cómo al publicar eldiario.es la información de que Cifuentes no tenía aprobadas todas la asignaturas del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico que había cursado en el IDP entre los años 2011 y 2012, se puso en contacto con Álvarez Conde y con Feito -que había sido profesora en la URJC- para que esta "hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado".

El fiscal subraya que "a sabiendas" de que Cifuentes no había superado todas las materias y no había hecho el trabajo final ni lo había defendido, confeccionaron un acta con "apariencia de verosimilitud" para acredaitar ante los medios que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid había superado todos los requisitos académicos para obtener el título.

La Fiscalía responsabiliza al catedrático Álvarez Conde, que "seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público" las gestiones necesarias, involucrando en la falsificación del acta a las acusadas Cecilia Rosado -que figuraría como secretaria del tribunal evaluador del TFM-, a Clara Souto -vocal- y a Alicia López de los Mozos -presidenta-.

El escrito de acusación subraya que Rosado accedió a falsificar dicha acta "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo de no acatar lo que se le pedía". A su vez, Enrique Álvarez Conde, que compareció hace diez días en la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación sobre este caso, denunció "presiones" del gobierno autonómico.

Sin fecha para el juicio

La Fiscalía considera que el rector de la URJC, Javier Ramos, que recibió el acta por correo electrónico, "ignoraba las manipulaciones realizadas".

El ministerio público concluye su relato de acusación citando que ese mismo día en que se elaboró el acta académica, María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones a Cecilia Rosado para decirle que "aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza".

Por lo que respecta a las multas, la Fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros, y para Rosado cuatro meses con una cuota diaria de cinco euros.

Una vez que se dicte el auto de apertura de juicio, la causa irá previsiblemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Si es así, se señalaría para un plazo indeterminado de entre ocho meses y un año, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

Noticias

anterior siguiente