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La Justicia investigará la incautación de móviles y ordenadores de periodistas en el 'caso Cursach'

  • El TSJ de Baleares admite a trámite la querella de los periodistas a los que el juez incautó el móvil por el caso Cursach
  • El tribunal ha designado instructora de la causa, que declara por el momento secreta, a la magistrada Felisa Vidal

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 José Francisco Mestre, periodista de Diario de mallorca al que el juez Florit incautó el móvil, en una concentración en defensa del secreto profesional
José Francisco Mestre, periodista de Diario de mallorca al que el juez Florit incautó el móvil, en una concentración en defensa del secreto profesional EFE / CLARA MARGAIS

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite la querella de dos periodistas y sus empresas contra el juez de instrucción de Palma Miguel Florit, que la semana pasada ordenó requisar los teléfonos de los informadores para investigar la filtración de un informe en el caso Cursach.

La sala Civil y Penal del alto tribunal balear ha dictado un auto en el que asume el estudio de la denuncia, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La querella la presentaron el Editora Balear, empresa titular del Diario de Mallorca, y Europa Press, así como los redactores José Francisco Mestre, del periódico, y Blanca Pou, de la agencia de noticias.

El Tribunal Superior de Baleares ha designado instructora de la causa, que declara por el momento secreta, a la magistrada Felisa Vidal.

Los magistrados justifican el secreto, cuya prolongación dejan en manos de la instructora, en que la requisa de los teléfonos y ordenadores y las órdenes de registro en las redacciones de los dos medios de comunicación se realizó "en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas".

El Tribunal recuerda que respecto a la personación de Editora Balear decidió el pasado viernes que, al no estar afectada "personal y directamente" la empresa participa en el proceso como "acción popular", para lo que le requirió una fianza de 2.000 euros.

Los magistrados dejan en manos de la instructora cualquier decisión respecto a la petición de los querellantes de "inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados".

Secreto profesional

Los denunciantes argumentaron en su querella que el juez Florit "ha tratado de burlar el secreto profesional" reduciéndolo a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil" para la protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole donde se registra el material de trabajo o las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas.

La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes al juez instructor su escrito de acusación en el caso Cursach, en el que atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.

Movilización periodística

Los hechos ocurrieron el pasado martes. Agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach. Se llevaron el teléfono móvil personal de la periodista blanca Pou, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel. Asimismo, también requisaron el móvil personal a un periodista de Diario de Mallorca.

Por su parte, la periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

En paralelo, la defensa de la agencia de noticias ha pedido mediante un recurso que se deje sin efecto la instrucción de Florit y se acuerde "la inmediata devolución a sus propietarios" de los materiales decomisados y que se "elimine cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismo".

Con motivo de estos hechos, más de 200 personas se concentraron el pasado jueves en la Plaza de Cort de Palma por la libertad de prensa y de información y en apoyo a estos periodistas.

La Asociación de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Baleares, que fueron los convocantes de la concentración, manifestaron su "rechazo a la intervención policial ordenada por un juez de instrucción con el aval de la Fiscalía Anticorrupción" en el marco de la investigación por la trama Cursach.

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