La Justicia invalida la decisión del gobierno de Sudáfrica de abandonar la Corte Penal Internacional

• Considera la decisión precipitada e inconstitucional
• Según el dictamen el Gobierno necesita la aprobación del Parlamento para retirarse
• El Ejecutivo de Jacob Zuma puede recurrir la sentencia

El presidente sudafricano, Jacob Zuma.

La Justicia sudafricana ha declarado este miércoles "inválida e inconstitucional" la decisión del Gobierno del país de iniciar el proceso para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al no haber sido debatida y votada antes en el Parlamento.

El Tribunal Superior de Pretoria ha descrito como "prematura" e "irracional" la forma en que el Gobierno comunicó el pasado octubre a la ONU su intención de dejar la CPI, y ha concluído que el Ejecutivo no tiene potestad para emprender esta acción sin el visto bueno del Legislativo.

La Justicia -que se pronunció tras interponer un recurso la opositora Alianza Democrática (AD)- anula por tanto el proceso, aunque el Gobierno puede recurrir la sentencia dictada este miércoles.

El ministro de Justicia, Michael Masutha ha indicado tras conocer el fallo que el gobierno de Sudáfrica mantiene los planes de retirarse de la Corte Penal Internacional y que por el momento no han decidido apelar la sentencia.

Según el dictamen, leído por el juez Phineas Mojapelo, el Gobierno tiene atribuciones para firmar acuerdos internacionales, pero necesita la aprobación del Parlamento para retirarse de ellos. Sudáfrica había justificado su decisión de dejar de formar parte del Estatuto de Roma -tratado fundacional de la CPI- al considerar que está "en conflicto" con su ley nacional de inmunidad diplomática y afecta negativamente a sus relaciones internacionales.

Acusaciones de servir intereses neocolonialistas

Según los expertos, el abandono de la Corte puede hacerse efectivo alrededor de un año después de que el país notifique la puesta en marcha del proceso a la ONU. Con su decisión -ahora anulada- de dejar la CPI, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, se puso a la cabeza del frente de países africanos que han iniciado acciones para abandonar la corte, entre los que se cuentan Kenia, Burundi y Gambia.

Además de Sudáfrica, Burundi ya ha anunciado su decisión de abandonar la CPI en octubre. En Gambia, el ex presidente Yahya Jammeh había decidido hacer lo mismo, pero su sucesor Adama Barrow se ha manifestado contrario a continuar con el procedimiento, mientras que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta por su parte que estaba pensando "seriamente" una salida de su país.

Los líderes de estos y otros países del continente acusan a la CPI de perseguir exclusivamente a mandatarios africanos y de servir a intereses neocolonialistas.

El Gobierno de Pretoria desafió abiertamente a este tribunal con sede en La Haya en 2015, cuando se negó a detener al presidente de Sudán Omar al Bashir, que viajó a Sudáfrica para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA).

Al Bashir es reclamado por la CPI por supuestos delitos de genocidio y crímenes de guerra, y la Justicia sudafricana determinó entonces que Sudáfrica tenía obligación de detenerlo y entregarlo a La Haya como país firmante del Estatuto de Roma.