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El Gobierno rechaza la extradición a Argentina de 8 exministros por crímenes del franquismo

  • Justicia dice que los delitos han prescrito y que podrían juzgarse en España
  • Entre los exministros afectados están Martín Villa y Utrera Molina
  • La juez agentina Servini ordenó hace meses su detención y extradición

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La jueza argentina María Servini a su llegada a la sede del Parlamento Vasco en Vitoria
La jueza argentina María Servini en una imagen de archivo. EFE EFE/David Aguilar

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo para rechazar la solicitud de la Justicia de Argentina de extraditar a ocho exministros españoles, entre ellos el empresario Rodolfo Martín Villa, a los que se acusa de cometer crímenes durante el franquismo.

Así lo anunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde el Ejecutivo dio el visto bueno a un informe del titular de esta cartera para rechazar la solicitud de extradición solicitada por Argentina.

La juez María Servini solicitó hace meses la detención y extradición de los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernado Suárez González, Jesus Cejas Mohedano, Jesús González Reguero, Abelardo García Balaguer, Antonio Carro Martínez y Licinio de la Fuente.

La magistrada argentina acusaba a Martín Villa de la muerte de cinco trabajadores en una protesta y a Utrera Molina, suegro del exministro Alberto Ruiz Gallardón, de convalidar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.

Tres motivos para denegar la extradición

Catalá explicó que el Gobierno ha denegado la petición de extradición por tres motivos: porque España tendría competencia para juzgar esos supuestos delitos cometidos en territorio nacional, porque los delitos estarían "prescritos" al haber pasado 15 años desde que se produjeron y porque en aquella época firmar la pena de muerte "no era delito" porque el Código Penal en vigor lo permitía.

El ministro recordó que las peticiones de extradición están reguladas por una ley de 1985 y, en este caso concreto, por el acuerdo suscrito con Argentina en 1987. Alegó que las normas establecidas en esos acuerdos no permiten la extradición en esos casos, al concurrir "tres motivos".

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