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Argentina afirma que pagará su deuda, pero no se someterá a la "extorsión" de los 'fondos buitre'

  • Pagará este mes los 900 millones de dólares de deuda reestructurada
  • La presidenta se ha dirigido al país tras un fallo judicial en contra en EE.UU.

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La presidenta argentina, Cristina Fernández, se dirige a la nación tras el fallo del Supremo de Estados Unidos.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, se dirige a la nación tras el fallo del Supremo de Estados Unidos. AFP AFP PHOTO / NA

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha anunciado este martes que el país pagará este mes a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda y ha subrayado su voluntad de negociar, pero ha denunciado intentos de "extorsión" y no ha aclarado su actuación frente al fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que ha sacudido la economía del país.

En un mensaje transmitido por la cadena nacional, Fernández ha anunciado que Argentina pagará 900 millones de dólares el próximo 30 de junio (el 92% de su deuda) a los acreedores que se adhirieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, arbitrando "todos los instrumentos y estrategias necesarios".

Fernández ha añadido que el país siempre ha demostrado de forma "clara" su voluntad de negociación y de pago, pero ha afirmado que no se someterá a la "extorsión" de los denominados fondos "buitres".

Precisamente, un proceso de negociación terminó en acuerdo el mes pasado entre Argentina y el Club de París sobre el pago de la deuda de 9.700 millones de dólares que el país americano tiene pendiente con ese grupo de países acreedores.

La presidenta no ha despejado, sin embargo, las dudas sobre la estrategia legal a seguir ante el fallo del Supremo de Estados Unidos, que ha rechazado la apelación presentada por Argentina en el litigio entablado en Nueva York por fondos de inversión que reclaman a Buenos Aires el pago de bonos por unos 1.300 millones de dólares.

En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación de Argentina de abonar esa cantidad, que adeuda a los hedge funds que rehusaron reestructurar los bonos argentinos que tenían en cartera tras la quiebra del país austral en 2001.

Este fallo del Supremo ha golpeado este lunes a los activos financieros argentinos, con un desplome del índice Merval del 10,09% y fuertes caídas de los valores argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Decisión "contraria" al sistema financiero global

Fernández ha sostenido que la decisión judicial estadounidense no solo es "contraria" a los intereses de Argentina y al 92% de los acreedores que aceptaron los canjes, sino a los del sistema financiero global, razón que explica por qué el país sudamericano recibió el apoyo de naciones como Francia, México y Brasil.

Según Fernández, éste no es un problema financiero o legal, sino la "convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue produciendo, va a generar tragedias inimaginables".

La jefa de Estado ha señalado que los litigantes compraron los bonos en mora, en 2008, mucho después del cese de pagos de 2001, a precio de "basura", con lo que acumulan hasta ahora una tasa de retorno del 1.600%, "que ni el crimen organizado tiene".

"Queremos honrar nuestras deudas"

"Queremos honrar nuestras deudas y lo vamos a hacer, pero no queremos ser cómplices de esta manera de hacer negocios", ha señalado.

Argentina asegura que a finales de este mes pagará al 92% de los acreedores que aceptaron los canjes, pero los fondos litigantes -gracias al fallo de la Corte estadounidense- pueden pedir el embargo de los giros que Argentina haga a Estados Unidos para hacer los pagos en esa jurisdicción.

Si los querellantes lograran embargar esos fondos para cobrarse en parte lo que demandan, los acreedores que sí aceptaron los canjes se quedarían sin cobrar y Argentina entraría así en default técnico (cese de pagos).

En su discurso, Fernández no ha precisado cómo logrará evitar ese embargo, pero los analistas han coincidido en que es probable que Argentina pida al tribunal de EE.UU. una revisión de su decisión, lo que le daría tiempo suficiente como para concretar el pago sin sobresaltos. El subsiguiente pago deberá afrontarlo en septiembre.

Posible nueva suspensión de pagos

Si el Supremo estadounidense se niega a revisar su decisión, el Gobierno argentino aún tiene la alternativa de pedir al juez neoyorquino que emitió la sentencia de 2012 la apertura de una negociación con los querellantes para determinar el modo de pago de lo adeudado.

Esta opción también le permitiría ganar tiempo, al menos con el objetivo de llegar al 31 de diciembre, fecha en que vencerá la cláusula de "mejor acreedor" inserta en las ofertas de reestructuración. Esa cláusula impide pagarle a quienes no aceptaron los canjes en mejores condiciones que a quienes sí adhirieron a las refinanciaciones y aceptaron fuertes quitas sobre el capital original adeudado.

Antes de esa fecha, un pago en efectivo a los querellantes habilitaría a los acreedores que aceptaron los canjes a realizar reclamos judiciales contra Argentina, algo que también podría llevar al país a declararse en suspensión de pagos.

Fernández ha alegado que Argentina no puede pagar "ya" a los querellantes, porque si lo hiciera, el resto de los acreedores que aceptaron los canjes podrían exigir el pago de 15.000 millones de dólares, suma equivalente a la mitad de las reservas monetarias argentinas.

Incluso, ha advertido, todos los acreedores podrían demandar el pago total de la deuda original, 102.000 millones de dólares, y entonces la reestructuración "se caería como un castillo de naipes y, con ella, la República Argentina".

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