El Gobierno español pide al BEI un dictamen para activar el cese de Magdalena Álvarez

• Pide un informe jurídico para ver cómo es el proceso para su destitución
• Álvarez, vicepresidenta del BEI, está imputada en el caso de los ERE
• La vicepresidenta del Gobierno le pidió que tomara una "decicisión"

Fotografía de archivo de la exministra de Fomento Magadalena Álvarez.

La representante española en el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha pedido por carta al presidente de la institución que aclare si Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE en Andalucía, puede seguir como vicepresidenta del organismo.

Según fuentes próximas al Ejecutivo consultadas por Efe, España ha pedido un dictamen de los servicios jurídicos del BEI sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del comité de dirección, como la exministra Magdalena Álvarez.

En concreto, la representante española ha pedido aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el consejo de administración y el consejo de gobernadores, así como quién inicia el procedimiento.

España también pide que se aclare qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar para acordar el cese de un miembro del comité de dirección del BEI.

Además, teniendo en cuenta que Magdalena Álvarez está imputada por presunta malversación de fondos en el caso de los ERE en Andalucía y se mantiene como vicepresidenta del BEI, España reclama que se consulte a la oficina de conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para la institución.

Magdalena Álvarez asumió su cargo como vicepresidenta del BEI en julio de 2010 y la investigación se refería a sus actividades entre 1994 y 2004.

Imputada en junio de 2013

La juez Mercedes Alaya imputó a finales de junio pasado a Álvarez junto a una veintena de altos cargos del Ejecutivo regional. La Audiencia de Sevilla ratificó a principios de este mes de mayo su imputación al rechazar el recurso que interpuso la propia Álvarez contra el auto de imputación de la citada juez.

Alaya inició el pasado 13 de mayo el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes -una de ellas en Luxemburgo- a Álvarez para cubrir su fianza civil de 29,5 millones de euros.

Tras el Consejo de Ministros del pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Álvarez, en situación "muy comprometida" por su imputación en el caso de los ERE, que adoptara una "decisión" sobre su futuro.

"Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no afecte a los Estados que la designaron y, lo que es más importante, a esa institución que es clave y fundamental en el entramado institucional europeo", aseguró Sáenz de Santamaría.