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La operación contra la excúpula de la CAM se salda con nueve detenidos por fraude fiscal

  • Entre ellos se encuentra su exdirector general, Roberto López Abad
  • El juez Bermúdez ordenó los arrestos por riesgo de fuga al Caribe
  • Les acusa de defraudar 31 millones con operaciones inmobiliarias

Ver también: el auto judicial de las detenciones de la CAM, en pdf

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Ya son nueve los detenidos por el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, entre ellas varios exaltos cargos de la CAM como su exdirector general Roberto López Abad, y la Audiencia Nacional ha imputado a otras once en una operación por fraude fiscal en relación con varias operaciones inmobiliarias en el Caribe.

El juez Javier Gómez Bermúdez calcula que la cuota defraudada por los exdirectivos de la caja y algunos empresarios a través de esas operaciones caribeñas con un entramado societario asciende a 31 millones de euros.

El instituto armado ha informado de que la Operación Mar Nuestro, iniciada el pasado martes con varios registros en despachos de abogados sigue este jueves y se desarrolla en Madrid, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca.

Entre los detenidos e imputados figuran empresarios que, con financiación de la CAM, la connivencia de algunos de sus directivos y el asesoramiento de varios letrados, habrían creado una estructura societaria, de la que participaba la caja, para cometer estos hechos.

Riesgo de fuga al Caribe

El juez Gómez Bermúdez ordenó la detención de los exdirectivos ante la sospecha de que huyeran a la isla caribeña de Curaçao, antiguas Antillas Holandesas, "país con el que no existe convenio de extradición".

Así lo afirma el magistrado en las resoluciones en las que ordenó el arresto de López Abad, del exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera, del exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz y de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Los tres primeros figuran entre los nueve arrestados en la operación "Mare Nostrum", pero los empresarios, cuya detención también se ordenó y que figuraban en la querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a raíz de la que se inició la investigación, están en paradero desconocido, según fuentes jurídicas.

El magistrado, ha comenzado este jueves a tomar declaración a los arrestados. El primero en ser interrogado ha sido Cesar Veliz, exdirector de la división internacional de la caja alicantina, que ha quedado en libertad. También quedan libres el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez y el director económico de Valfensal, Francisco Climent.

Sociedad pantalla

La estructura fiscal contó con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de su asesor fiscal Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla "con una actividad meramente aparente" domiciliada en Curaçao, Jacksonport Corporation, para canalizar los beneficios de Valfensal.

López Abad y Gil utilizaron a su vez esos informes para justificar ante los órganos de control de la caja la legalidad de esa estructura societaria. El objetivo de los empresarios Ferri y Baldó era utilizar Valfensal para obtener financiación de la CAM y transferir luego el dinero a sociedades radicadas en el extranjero, que serían las que hicieran las inversiones que tenían previstas.

Según el juez, "ese plan era conocido y consentido" por López Abad, Gil y Veliz, que imponían en la CAM sus decisiones sobre Valfensal, que tras adquirir Jacksonport -y la holandesa Bencos Holding- concentró en ella la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México.

Delito fiscal "de cierta relevancia"

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares -247 millones de euros- que, afirma el magistrado, darían como resultado "un delito fiscal de cierta relevancia", con una cuota defraudada desde 2007 de más de 42 millones de dólares, unos 31 millones de euros.

Gómez Bermúdez añade que los empresarios y los ex altos cargos de la CAM decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello la contabilidad, y que en 2010 firmaron "en perjuicio" de la caja un contrato de gestión hotelera entre esa sociedad y Seabrezee, vinculada a Ferri y Baldó.

El contrato permitió a estos últimos facturar a Seabrezee, "en concepto de prestación de servicios, una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM", que de este modo no obtenía ningún ingreso de los beneficios producidos por Valfensal.

El origen de la investigación

La investigación se inició el año pasado a raíz de una querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hizo con el control de la entidad tras la intervención de la misma por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la caja por la supuesta concesión de préstamos a empresarios levantinos eludiendo los procedimientos internos de control.

Según la Guardia Civil, estos se beneficiaron, a través de un entramado de empresas, de préstamos por más de 216 millones de dólares concedidos para la compra de dos hoteles y varios solares en México, la República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación.

La CAM poseía el 30% de las acciones del grupo empresarial que explotaba los establecimientos hoteleros.

Los problemas de la CAM

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB.

Meses después, el supervisor adjudicaba la entidad al Banco Sabadell por un euro tras comprar el Fondo de Garantía de Depósitos compró el 100% de la CAM por un importe total de 5.249 millones de euros (2.449 millones para recapitalizar y la entidad, muy deteriorada, y los 2.800 millones del FROB, que fueron repuestos al Estado.

Además se comprometieron los apoyos financieros necesarios para la reestructuración ordenada de Banco CAM. Según el exdirector general del FROB Mariano José Herrera el coste que tiene para las arcas públicas, ascendía a unos 8.000 millones de euros: los 5.249 millones de inyección de capital y 2.600 o 2.700 de pérdida estimada.

Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

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