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El CGPJ ve "problemático" que se imponga la custodia compartida pese al rechazo de los padres

  • Así lo asegura la Comisión de Estudios en un informe provisional
  • El anteproyecto de ley del Gobierno debe ser sometido a informe del CGPJ

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La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve "problemático" que los jueces puedan imponer la custodia comparida aunque los padres se opongan, tal y como recoge el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para regular ese régimen.

El informe del CGPJ, todavía provisional, sostiene que la custodia requiere de un "alto grado de cooperación" para que pueda resultar exitosa y por ello, asegura que su imposición sin acuerdo provocará de manera "más que previsible" un agudizamiento de "tensiones y controversias" en aspectos como la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos.

El anteproyecto de ley que regula este régimen en los casos de nulidad, separación y divorcio fue aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de julio, por lo que debe ser sometido a informe del CGPJ. Su posición es todavía provisional porque todavía debe remitir su informe al pleno para su aprobación definitiva.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Gallardón defendió en la presentación del anteproyecto que no se trataba de introducir la custodia como norma preferente y general sino que serían los jueces los que determinarían su aplicación en cada caso.

"Difícilmente puede revertir en interés de los hijos"

Gallardón defendió entonces que la custodia compartida no puede ser excepcional, sino normal, una posición coincidente con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y que apoya el CGPJ ("parece razonable que el anteproyecto regule la modalidad compartida de custodia bajo el prisma de la normalidad", dice expresamente).

Sin embargo, una cosa es eso y otra imponerla aun cuando ninguno de los progenitores interese su adopción, mientras que cada uno la pide para sí excluyendo a la otra parte, dice el informe que considera que hacerlo así "no comportará ventaja o utilidad alguna" y "difícilmente puede revertir en interés de los hijos".

La novedad introducida por el Ministerio no servirá "para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia", concluye.

El anteproyecto prevé también que los condenados por violencia machista no tendrán la guarda y custodia de los hijos, algo apoyado por el informe de la Comisión de Estudios, que sin embargo pide al Gobierno que lo establezca expresamente y de manera más clara.