El TSJCV abre juicio contra el exconseller Blasco y ocho personas más por el caso Cooperación

La sociedad receptora no reunía los requisitos

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental. Asimismo, le reclama que pague una multa de 43.200 euros.

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller, y el PSPV-PSOE 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.

Los procesados en esta pieza son, además de Blasco, cinco funcionarios de su Conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de Cyes, y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.

Se trata, en concreto, del empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

En el auto de 62 páginas hecho público este martes, se concluye que Cyes no reunía los requisitos para beneficiarse de esas subvenciones "al carecer de trayectoria o experiencia en el mundo de la cooperación y estar desprovista de los medios personales y materiales necesarios para ejecutar proyectos de naturaleza similar".

Relaciones "estrechas" entre Blasco y el empresario

En cuanto a las relaciones entre Blasco y Tauroni, la investigación judicial remarca que "no eran las habituales entre el máximo responsable de la Conselleria y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma", sino que procedían de una vinculación familiar en Alzira (Valencia), con "estrechas y públicas relaciones" del segundo con "familiares directos" del ahora exconseller.

La "discreción" en los contactos entre ambos "pudo permitir -añade el auto- el establecimiento y permanencia de unos lazos de colaboración que se dilataron en el tiempo y que comprendieron la realización de favores mutuos".

Tauroni "obtuvo contratos en la práctica totalidad de las Consellerias de las que Rafael Blasco fue máximo responsable. Mayoritariamente se obtuvieron a través de personas interpuestas y con independencia del ámbito de actuación del organismo público y de los diferentes cometidos y quehaceres a realizar en cada uno de ellos", como Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad.

En el auto se da cuenta de conversaciones telefónicas entre ambos procesados, hechas tanto de noche como en fines de semana o en agosto; de reuniones mantenidas, de correos electrónicos cruzados y de sobres con recortes de prensa intercambiados por sus respectivas secretarias.

"Esta actuación evidencia unos vínculos -de Blasco- con Tauroni que se sitúan en un ámbito cuando menos anómalo e inusual entre quien dirige una Conselleria y quien directa o indirectamente contrata con ella", añade.

Cuatro inmuebles por valor de casi un millón de euros

Aparte de recordar que Tauroni poseía documentos internos y reservados de la Generalitat que justificaría la información privilegiada de que gozó Cyes para optar en 2008 a esas subvenciones para proyectos de cooperación, el auto remarca la "posible artificialidad y composición simulada" de documentos aportados a la investigación por parte de los imputados.

Cyes compró, con el dinero procedente de esas subvenciones, cuatro inmuebles en Valencia por importe total de 969.875 euros, bienes que "no tienen relación alguna con los objetivos, generales y específicos, previstos en uno y otro proyecto".

La información remitida por la Conselleria a la Sindicatura de Cuentas y a la Fiscalía tras la investigación abierta, resalta el auto, "es un expediente conformado para ese fin, con documentos diferentes a los originales y seguramente modificados, omisiones relevantes y datos inciertos".

La magistrada justifica la apertura de juicio oral en que sigue estimándose que los hechos pueden ser constitutivos de delito, que "existen además suficientes indicios racionales de criminalidad" y que las acusaciones formuladas en la instrucción están fundadas.