Los delitos abiertos en 2011 solo aumentaron un 0,007% con respecto al año anterior. A pesar de este "pequeño incremento" que supone una estabilizacion de los litigios penales, han aumentado los robos a personas y viviendas y se ha duplicado la ocupación de inmuebles.

Son algunos de los datos destacados que recoge la Memoria de 2011 de la Fiscalía General del Estado, que también subraya "su preocupación" por el incremento de las causas abiertas de delitos por robo con intimidación, que han subido un 14,47%, y de extorsión, que experimentan un alza del 31,33 %. 

Destaca el aumento de los delitos penales asociados a la crisis económica que vivimos, como el de alzamiento de bienes, que experimenta una subida del 27,99 %; la defraudación de fluido eléctrico y análogas, que sube un 36,66 %, y los concursos de acreedores y suspensiones de pagos fraudulentas, que suben un 5,13 %.

Incremento de los delitos de fraude por IVA por la crisis 

Asimismo, la Memoria señala que debido al agravamiento de la crisis económica, han aumentado "de forma significativa" los delitos de fraude por IVA. La Fiscalía de Barcelona reseña un mayor número de infracciones por fraude del IVA y alude al "creciente nivel de sofistificación" al que se ha llegado en los mecanismos para defraudar.

También, la Fiscalía de Madrid destaca las tramas organizadas para la defraudación del IVA en el marco de adquisiciones y entregas intracomunitarias de bienes.

Por otra parte, los delitos que tienen que ver con el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas se han estancado, debido a que "la política de la Agencia Tributaria se ha orientado en esta dirección", aseguran.

La Memoria advierte de que "la crisis económica lejos de remitir, se ha ensañado con la sociedad" e indica que sus consecuencias se manifiestan "con especial virulencia" en el ámbito del Derecho Penal.

En este sentido, alude a que el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y las crecientes dificultades, son el "caldo de cultivo idóneo" para la comisión de un "nutrido" número de delitos económicos.

Masificación en Centros de Internamiento de Extranjeros

La Fiscalía General del Estado también advierte sobre la "masificación" de algunos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la ausencia de módulos diferenciados para alojar separadamente a los pendientes de expulsión de los penados, así como la "inadecuada" organización de los Juzgados de Control de Estancias en Algeciras.

En la memoria se indica que estas tres circunstancias son fuente de "preocupación" e "inquietud" según qué centro de internamiento sea el afectado. En este sentido, apunta a la masificación de algunos CIE, especialmente el de Algeciras y el de Madrid y pone de relieve la falta de módulos "perfectamente diferenciados" donde alojar separadamente a los internos que están pendientes de expulsión por la comisión de faltas administrativas, de los penados que han sido allí destinados.

En este sentido, destaca que todos ellos son factores que "incrementan" la "conflictividad" por mucho que la media de permanencia en los Centros no sea excesiva en algunos casos. A su vez, pone de relieve que en 2011 han permanecido en los CIE, 13.241 ciudadanos, de los que 6.825 han sido efectivamente expulsados a regresados a su país de procedencia.

La memoria de la Fiscalía explica que los fiscales de extranjería han hecho un "extraordinario esfuerzo" para compensar las carencias de personal auxiliar y las limitaciones de medios materiales. "Especialmente preocupante es la insuficiencia del sistema informático (...) por su dependencia del registro judicial", destaca la memoria.

La Fiscalía General del Estado también valora las modificaciones normativas sobre extranjería. En relación a la trata de seres humanos, informa de que en 2011 se incoaron 64 diligencias previas siendo la mayoría, un 92,18 por ciento, relativas a la explotación sexual.

El mayor número de víctimas de la explotación sexual en España son ciudadanas rumanas (26,31 por ciento), brasileñas (15,68 por ciento) y paraguayas (14,47 por ciento). Sobre ciudadanos ilegales, la memoria revela que los más afectados por la expulsión judicial fueron marroquíes (25,5 por ciento frente al 18,8 por ciento de 2010); argelinos (14,5 por ciento frente al 7,8 por ciento) y colombianos (4,3 frente al 4,5 por ciento). Por otro lado, la Fiscalía General del Estado revela que los juzgados de instrucción han autorizado un menor número de internamientos, que los informados favorablemente por el Ministerio Fiscal. Por último, durante el 2011 fueron detectados 357 menores extranjeros no acompañados llegados a las costas españolas en pateras o embarcaciones similares.