El alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara Botía, ha llegado este viernes a los juzgados "tranquilo" y con "ganas de contestar a todo lo que se plantee".

Cámara, quien ha accedido al Palacio de Justicia sobre las 10.00 horas por la puerta principal y escoltado ante la presencia de un grupo de opositores y otro de defensores, ha expresado su deseo de que "esto sirva para aclarar todas las cosas cuanto antes".

El primer edil capitalino se encuentra en estos momentos prestando declaración en el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, donde está citado en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación al denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina o el Casino de Murcia.

Cámara no solicitó en su día tipo de ventaja o beneficio para eludir a los medios de comunicación y ha accedido por la puerta principal al Palacio de Justicia de Murcia, aunque con medidas de seguridad, ya que los agentes de la Policía Nacional han tenido que establecer un perímetro de seguridad para que éste pudiera entrar a los juzgados.

La portavoz del equipo de Gobierno, Nuria Fuentes, ha asegurado a los medios de comunicación que el alcalde "está tranquilo y sereno desde el primer momento". "Lo que teníamos todos era ganas de que llegase ese día y se pudiera terminar ya de aclarar y si había alguna duda dejarla clara", ha subrayado Fuentes.

Según ha confesado, Cámara "está plenamente confiado en que sabe que lo que se hizo en el Ayuntamiento está bien hecho", tras lo que deseado que "se aclare todo definitivamente, primero por el alcalde, después por el equipo de Gobierno, que estamos detrás trabajando con él, y por la ciudad de Murcia y la institución, que es lo más importante".

Operación Umbra

La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.