La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, propone cerrar más de mil cuarteles en toda España -casi la mitad- que sobreviven con muy pocos agentes y que resultan "caros e ineficaces" y concentrar los efectivos en dependencias comarcales, al estilo de los Mossos d'Esquadra.
En una entrevista con Efe, el secretario general de AUGC, Alberto Moya, ha alertado de que a un ritmo de 2.000 jubilaciones al año, que apenas son compensadas por promociones de 200 agentes, el actual despliegue de la Guardia Civil es "inviable" y sufrirá un colapso si no se actúa a tiempo.
Este planteamiento contrasta con el expresado inicialmente por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien en una comparecencia en el Congreso el pasado mes de abril aseguró que a pesar de los recortes presupuestarios "no se tocaría ninguno" de los casi 2.000 puestos que vertebran el territorio. Esta idea también la defendió el ministro de Interior, Jorge Fernández Días, hace unos días.
Por contra AUGC, que celebrará su congreso el próximo 13 de junio en Toledo, defiende que el actual despliegue, con centenares de cuarteles con una plantilla de "cuatro o cinco guardias", no garantiza la seguridad de las zonas rurales, además de resultar muy caro para las arcas públicas, que necesitan recursos adicionales y aligerar su inmenso patrimonio inmobiliario.
A ello se suma la obligación de mantener en buen estado de conservación estos pequeños cuarteles, algunos de ellos ya vetustos, y en condiciones precarias.
Eso sin contar las "penosas" condiciones laborales de los agentes destinados en esos puestos rurales, que apenas pueden salir a la calle si quieren cubrir todos los turnos, vacaciones y libranzas.
AUGC exige una regulación justa de la jornada laboral de todos los guardias civiles, muchos de los cuales "no saben qué turno van a tener al día siguiente, o si su mando les va a dar el día libre".
"Así es imposible la conciliación de la vida laboral y familiar", denuncia Alberto Moya, que encabeza la única lista que se ha presentado al VI Congreso de AUGC de la próxima semana en Toledo.
No obstante, AUGC se opondrá a que la reorganización del Cuerpo lleve consigo un "éxodo" de guardias civiles como el sufrido en Cataluña, así como un hipotético repliegue en el País Vasco donde la Guardia Civil "se debe mantener porque es territorio nacional".
Precisamente, sobre la situación en el País Vasco, Moya ha denunciado el "apartheid" que siguen sufriendo los guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra, a pesar del cese definitivo del terrorismo etarra.
Según el secretario general de AUGC, la naturaleza militar de la Guardia Civil no debe llevar consigo una "discriminación" con respecto a las otras Fuerzas de Seguridad del Estado.
"Ser militares no añade eficacia ni profesionalidad a la labor de la Guardia Civil", asegura Moya que apuesta por regular de una vez por todas un nuevo marco estatutario y de derechos sociales y laborales para los agentes.
En este sentido, el líder de AUGC valora el "impulso político" y de reformas en la Guardia Civil desplegado por el actual Gobierno frente a la "política errática" del anterior Ejecutivo socialista que, a su juicio, promovió una "remilitarización" del Cuerpo, acercándolo a las Fuerzas Armadas.
En el "debe" del actual Gobierno, AUGC destaca el mantenimiento del sistema de complementos salariales en la Agrupación de Tráfico que "premia o castiga" a los agentes por el número de multas que imponen, entre otros conceptos. "Este sistema presiona de manera desproporcionada a los guardias civiles y acaba con el prestigio de los agentes de Tráfico", denuncia.
Alberto Moya será reelegido la próxima semana secretario general de AUGC, asociación profesional con cerca de 31.000 afiliados, lo que la convierte en la "primera organización policial" de España con 18 años de historia pero que, según su líder, "mantiene intacto el espíritu de lucha".
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