El Papa Benedicto XVI, durante su visita a Valencia en 2006.REUTERS/Osservatore Romano (SPAIN)
Uno de los empresarios responsable de dos empresas adjudicatarias de los contratos con la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) durante la visita del papa a Valencia en 2006 ha reconocido este lunes que pagó una comisión de 88.000 euros al número dos de la red Gürtel por encargarse de la sonorización del evento.
Así lo ha asegurado el imputado Óscar Fragio ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que también ha interrogado hoy al supuesto líder de la red Gürtel, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, así como al gestor de Orange Market, Álvaro Pérez, "el Bigotes", que se han negado a declarar, según han informado fuentes jurídicas.
Fragio, representante de Apogee Telecomunicaciones y Wild Electronics, ha relatado que entregó a Teconsa dos talones, uno con la cantidad que habían presupuestado inicialmente de 1.050.000 euros, y otro de 1.085.000, después de comprobar que la dotación no era suficiente para instalación y montaje de equipos de audio y vídeo.
Las fuentes consultadas han señalado que el imputado se ha comprometido a aportar facturas que justifiquen 800.000 euros aún pendientes del importe total de más de dos millones que costaron las instalaciones.
Por obtener la adjudicación de las mismas, Fragio ha admitido que entregó en Sevilla una comisión de 88.000 euros en metálico a Crespo.
Sin embargo, el número dos de la trama, tras negarse a declarar ante el juez Ruz, ha insistido a los periodistas en que desconoce si existió algún soborno por parte de la red corrupta al exdirector del ente público valenciano, Pedro García Gimeno, también imputado en la causa y que está citado mañana.
Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, que se encuentra en libertad desde el pasado 1 de febrero, ha subrayado que se ha acogido a su derecho a no declarar porque se trata de un procedimiento que "no es limpio y no lo es desde un principio", puesto que, como "ha quedado acreditado ya", se han "violado" los derechos de los imputados.
Se ha referido de esta forma a las comunicaciones que ordenó grabar Baltasar Garzón -primer instructor de la causa- y por lo que el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Por último, ha criticado "que prosiga el ensañamiento judicial" contra Correa, que se encuentra en prisión provisional desde febrero de 2009 y que sólo podrá abandonar si abona la fianza de 600.000 euros que Ruz le impuso el pasado mes de marzo.
El primero en comparecer ante Ruz ha sido Correa, que ha sido trasladado en ambulancia a la sede del tribunal desde la prisión de Soto del Real después de que el juez rechazase que su declaración se realizara por videoconferencia o en los Juzgados de Colmenar Viejo debido a la claustrofobia que padece.
Según han informado fuentes jurídicas, el imputado ha permanecido en la sala de los forenses contigua a los calabozos mientras esperaba su comparecencia y allí los facultativos han verificado los informes de la prisión recomendando que Correa no permanezca en espacios cerrados, por lo que tampoco ha subido en ascensor a la segunda planta del edificio en la que está el juzgado de Ruz.
Correa se ha negado a contestar a las preguntas de las partes alegando que la instrucción está viciada ya que, a su juicio, los indicios han sido obtenidos a raíz de las comunicaciones que ordenó grabar Baltasar Garzón -primer instructor de la causa- y por lo que el Tribunal Supremo lo ha condenado, según otras fuentes jurídicas.
Por su parte, "El Bigotes" ha indicado a los periodistas que no ha contestado al juez, y ante la insistencia de los medios de comunicación ha agregado: "Por favor, no tengo edad para correr".
Ruz acordó todas estas comparecencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y mientras espera a que el Tribunal Supremo "dirima definitivamente" qué órgano judicial es competente para investigar los supuestos delitos de cohecho y prevaricación atribuidos a García Gimeno durante el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado entre el 7 y el 9 de julio de 2006.
Anticorrupción sostiene que los hechos consistirían básicamente en la "percepción reiterada de dádivas -en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico- por parte de Pedro García procedentes del entorno de Francisco Correa" y vinculadas con la contratación irregular de RTVV con empresas de la trama Gürtel.
Los hechos se extienden al reparto de beneficios obtenidos de la adjudicación de la Radiotelevisión Valenciana a la constructora Teconsa de los trabajos para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización durante la visita del papa.
Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.
Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.
Los hechos que se les imputan a los citados podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de blanqueo y varios delitos contra la Hacienda Pública.
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