La Policía Nacional ha clausurado en Madrid un establecimiento de joyería y compraventa de joyas que habían abierto unos butroneros para intentar blanquear lo robado en otros establecimientos, y que regentaba la madre de uno de ellos.

El pasado mes de febrero fueron arrestados cinco individuos, especialistas en el uso de la lanza térmica, que habían perpetrado diez butrones en establecimientos comerciales de España, especialmente joyerías.

Los integrantes de esta organización fueron arrestados tras presuntamente cometer diez robos en Madrid (cinco), Valencia (tres), Barcelona y Málaga, han precisado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los agentes comprobaron que conducían vehículos de alta gama y frecuentaban restaurantes de lujo y casinos de varias ciudades, aunque también utilizaban coches utilitarios y alquilaban a nombre de terceras personas viviendas con una renta media para intentar pasar desapercibidos.

La investigación económica de la organización reveló que uno de los butroneros había adquirido un "loft" de diseño en la capital, aunque era su madre la que figuraba como titular del inmueble.

También constaba a nombre de esta mujer una sociedad mercantil dedicada a la orfebrería y para cuya puesta en marcha habían alquilado un local y lo habían acondicionado tras una inversión de 35.000 euros.

Se trataba de un establecimiento de joyería y compraventa de joyas situado en la calle Martín de Vargas, en el distrito de Arganzuela, que, supuestamente, era utilizado para blanquear los beneficios obtenidos en los robos y para dar salida directa a las joyas sustraídas en los asaltos.

La operación policial ha concluido con el cierre de este establecimiento, el cese de actividad de la empresa, y la intervención del "loft", una cuenta bancaria y cuatro vehículos.

Además, dos de los butroneros, la madre y la novia de uno de ellos y otras dos personas han sido imputadas por un delito de blanqueo de capitales.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, con la colaboración del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid y la Policía Municipal de Madrid.