RTVE.ES/EFE El Informe Raxen 2009, elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia, recoge 350 hechos de intolerancia, xenofobia y racismo en España durante 2008, así como un crecimiento de este tipo de incidentes en todo el país, con especial intensidad en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.

En la presentación del estudio en Valencia, su director, Esteban Ibarra, ha destacado el "preocupante" caso de la Comunidad Valenciana, donde se han registrado más de 80 casos de este tipo de violencia, por detrás de la Comunidad de Madrid, donde hubo cerca de 60, y de Cataluña, con más de 40.

Junto a estas tres autonomías, que aglutinaron el año pasado la mitad de los incidentes, el informe detecta la emergencia de movimientos xenófobos y racistas en otras regiones que hasta ahora no los habían registrado, como Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León y Murcia.

El estudio, que cumple una década y que respondía al asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992, ha recogido desde ese año 80 asesinatos por motivos xenófobos o racistas, aunque Ibarra ha apuntado que "quedan más como indigentes quemados por la noche y sin nombre", así como entre 3.000 y 4.000 agresiones en toda España.

Ola de violencia

Ibarra ha advertido del "desafío" de esta violencia neofascista en España y Europa ante la mayor coordinación de grupúsculos a través de Internet, y la "debilidad institucional" que les permite organizarse y manifestarse desde los estadios de fútbol y conciertos de música, como los veintidós localizados durante 2008.

Según Ibarra, en las más de 200 webs que recogen propaganda neofascista en España se atisban los primeros proyectos políticos, como uno llamado "Iniciativa Unidad", así como ataques coordinados como "un juego para matar" al propio representante de Movimiento contra la Intolerancia, que se produjo después de un juicio a "skin heads" y que ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.

En cuanto a la acción institucional, Ibarra ha señalado que "el espíritu para combatir" esta violencia existe, pero "falta su aplicación" al no existir un registro institucional, una tipificación del delito por odio, una aplicación de la ley con "rigor" y una protección de las víctimas al mismo nivel que las del terrorismo.

El caso de la Comunidad Valenciana

Asimismo, ha explicado la "gravedad" de los casos de la Comunidad Valenciana por el "residuo antidemocrático latente" de la transición democrática de esta autonomía, la "falta de reacción institucional" y la "impunidad policial" con la que cuentan delitos de grupos neofascistas, según ha denunciado ante la Delegación del Gobierno.

Pese a este escenario, Ibarra ha reconocido "el paso serio" que ha dado la Fiscalía de Valencia al permitir a las víctimas de este tipo de violencia denunciar sin precisar su domicilio, un requisito que frena el número de recursos de este tipo por "miedo" a ser localizados y agredidos.