El Gobierno peruano cede ante los indígenas

El Gobierno peruano ha dado marcha atrás en la crisis con las comunidades amazónicas al anunciar este lunes un proyecto para derogar definitivamente dos de las controvertidas leyes de la selva, que generaron los violentos enfrentamientos que dejaron decenas de muertos hace 10 días.  La semana pasada el Congreso decidió suspenderlas durante 90 días a consecuencia de las protestas.

En una reunión de trabajo con líderes selváticos en la región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha asegurado que no defraudarán a los pueblos indígenas porque "los compromisos se cumplirán".

Este martes se levantará el estado de emergencia en la región Amazonas, donde, según las autoridades murieron 24 policías y 10 civiles. Asociaciones como Amnistía internacional o Human Rights denuncian que la cifra de manifestantes fallecidos no está clara, por lo que proponen investigarla. Los nativos afirman que murieron entre 30 y 40 indígenas.

Propuesta de derogación

Simon ha firmado un acta con los representantes de 390 comunidades indígenas en la que se compromete a proponer al Congreso, a través de un proyecto de ley, la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, conocidos como las leyes de la selva.

Según el Gobierno, ambos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros; pero los movimientos indígenas denuncian que dañan a su pueblo.

El resto de leyes en disputa (ocho en total) serán evaluadas por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará este martes en Lima.

En el acta se ha acordado que las comunidades nativas levanten el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima (nudo vital del país) por un lapso de cuatro horas diarias, hasta que se deroguen definitivamente los decretos legislativos.

Reacciones

La nueva presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización amazónica que ha encabezado las protestas, Daysi Zapata, ha expresado sus dudas sobre las palabras de Simon.

Por su parte, el Partido Nacionalista Peruano, que ha apoyado a los pueblos indígenas y ha protestado contra las leyes de la selva, celebra que se haya dado "marcha atrás".

El portavoz nacionalista, Freddy Otárola, ha expresado su esperanza en que la presidencia del Congreso, que ocupa el oficialista Luis Velásquez, tenga el mismo tono dialogante que el primer ministro.

Más protestas

Mientras, la tensión persiste en la ciudad andina de Andahuaylas, donde representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y autoridades municipales tratan de disuadir a los trabajadores, que llevan en paro desde el pasado viernes.

El aeropuerto de Huancabamba, cerca de Andahuaylas, está cerrado por la presencia de manifestantes, el tránsito de vehículos es restringido y los comercios atienden a puerta cerrada.

Además, estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y el Frente de Defensa de Ayacucho este lunes se han manifestado pacíficamente por las calles de la ciudad del mismo nombre en solidaridad con la protesta amazónica.

Polémica ley

Según el Gobierno, la Ley de la Selva pretendía supervisar la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y la posibilidad de inversión extranjera, conforme al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en el año 2008. 

No obstante, los indígenas denuncian que el 45% de las tierras comunales serán susceptibles de explotación por las multinacionales y que continuarán con la deforestación de la selva, poniendo en peligro a algunas comunidades aisladas. 

Las comunidades amazónicas, congregadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se movilizaron con bloqueos de carreteras, oleoductos y ríos desde el 9 de abril hasta hace diez días, cuando estallaron los enfrentamientos en la región de Bagua (norte).