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La plaga de topillos que afectó a Castilla y León terminó de forma natural

  • Sin embargo, el veneno que se empleó para eliminarlos afectó a otras especies

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La plaga de topillos que afectó a la comunidad de Castilla y León en 2006 y 2007 se extinguió de forma natural, según han concluido un grupo de investigadores, que han determinado además que las campañas de fumigación que se llevaron a cabo fueron innecesarias y afectaron a otras especies.

Los investigadores han apuntado, además, que dado el fenómeno cíclico del fenómeno la próxima plaga podría producirse en 2010 o 2011, y han confiado en que para entonces exista una mayor planificación y colaboración entre políticos, gestores, agricultores y científicos.

Según científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la plaga desapareció de forma natural, y no por los tratamientos con rodenticida que se llevaron a cabo, ha informado hoy este organismo.

El veneno afectó a otras especies

Los científicos han señalado en su estudio que los venenos que se aplicaron afectaron a otras especies y que su impacto sobre la biodiversidad, aunque no se ha evaluado todavía en profundidad, ha podido ser "importante".

El estudio, en el que han participado investigadores de la IE Universidad, la Universidad de León y la Universidad Autónoma de Madrid, aparece en el último número de la revista Environmental Conservation.

A través de la captura de mamíferos mediante un sistema de trampeo especializado, los investigadores han constatado que la desaparición de los topillos ocurrió de manera simultánea tanto en las zonas tratadas con veneno como en las que no.

El veneno no acaba con la plaga

"La aplicación de rodenticida fue innecesaria por algo que ya se sabe desde hace décadas en otros países: el veneno no acaba con la plaga, sino que ésta se colapsa de forma natural", según el investigador Javier Viñuela, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (centro mixto del CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla-La Mancha).

Para el control de la plaga de topillos, la Junta de Castilla y León llevó a cabo tres campañas de envenenamiento con dos rodenticidas distintos, clorofacinona en las dos primeras y bromadiolona en la tercera.

El estudio ha concluido que, además de los topillos, varias especies han sido afectadas por esos venenos, entre ellas a calandrias y busardos ratoneros, ambas amenazadas.

Aunque el número de necropsias realizadas no es muy alto, ya que se realizaron a los animales muertos que cazadores, guardas y naturalistas enviaron al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC), los investigadores consideran que los resultados son "suficientemente significativos".

En cuanto a la fumigación con bromadiolona, cuyo efecto aún está por evaluar en profundidad, los investigadores han señalado que su impacto ha podido ser importante, ya que existen varios estudios realizados en otros países, como Francia, que han demostrado el envenenamiento secundario por bromadiolona en varias especies.

Veneno en zonas de protección de las aves

El estudio afirma además que el área tratada con rodenticidas incluye cinco Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPAS), por lo que el principio de precaución debería haberse aplicado, especialmente cuando existe una alta incertidumbre sobre el efecto potencial directo e indirecto que la liberación masiva de rodenticidas anticoagulantes tiene en el ecosistema agrario.

La evidencia, según los investigadores, señala además que la mayoría de los topillos había desaparecido antes del inicio de la tercera campaña de envenenamiento.

Respecto a las consecuencias económicas, los investigadores han señalado que no hay evidencia de que la plaga afectara dramáticamente a la producción agrícola.

De hecho, según la misma fuente, en 2007, el año de la plaga, la producción de cereal, patatas y viñas fue la más alta registrada en los últimos diez años, aunque la segunda y tercera campaña de control de topillos empezaron después de la cosecha de 2007.

El coste de la campaña de control (24 millones de euros), fue más alto que los pagos compensatorios por daño a cultivos, que ascendieron a 5,5 millones de euros.