Tres chicas observan la puerta de la discoteca madrileña ’El Balcón de Rosales’, empapelada con carteles con la foto de Álvaro Ussía, el joven de 18 años que murió supuestamente a manos de unos porteros de la discoteca.EFE/BERNARDO RODRÍGUEZ
El 20 de agosto el vuelo JK5022 de Spanair tenía retraso. A la una de la tarde tenía previsto despegar desde el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Gran Canaria. Sin embargo, el piloto había decidido volver al aparcamiento para hacer algunas comprobaciones. Casi una hora y media después, el MD82 toma pista otra vez, ahora sí, listo para despegar. Son las 14:23 horas.
En aquel segundo intento, el aparato acelera. Pero algo va mal. Se está quedando sin pista. Finalmente consigue elevarse unos 50 metros antes de precipitarse contra el suelo. El MD82 impacta con la parte del cono de cola y, casi simultáneamente, con la punta del ala y parte del motor derecho.
A continuación, se arrastra a lo largo de 448 metros, pierde el contacto con el suelo al llegar a un terraplén y, finalmente, echa a arder. El impacto fue "brutal". Hay trozos de fuselaje por todas partes. La mayoría de las víctimas están carbonizadas.
Los equipos de rescate sólo encuentran a una veintena con vida, la mayoría, en estado grave. Más tarde se sabrá el terrible alcance de la tragedia: 154 muertos, entre los que se cuentan 19 niños y familias enteras. Es el siniestro aéreo más grave ocurrido en Europa durante la última década.
La tragedia de Barajas está lejos de cerrarse. Después de la polémica política de los primeros momentos, el proceso judicial continúa. Hay dos técnicos imputados por delito de homicidio y sólo 17 supervivientes.
El juez justifica la imputación de los técnicos en los indicios que apuntan que podría ser responsables de la no reparación satisfactoria. Según la comisión de investigación del caso, el sistema de seguridad no avió a los pilotos de que no llevaba desplegados los flaps (alerones) para despegar. Además, el aparato sufrió ese mismo día una avería en el sensor de temperatura, en el primer intento de despegue.
El director de operaciones de Spanair, Javier Muelas, negó en una entrevista con EFE que la causa del accidente se debiera a un fallo del sistema de aviso de despegue, pero reconoció que la aerolínea no había incorporado hasta después del accidente la recomendación del fabricante de comprobar este mecanismo antes de cada vuelo.
Otro de los sucesos que han ocupado más titulares este año ha sido el 'caso Mari Luz', la niña gitana asesinada en una barriada de Huelva. La corta edad de la pequeña, de apenas cinco años, la similitud del caso y la repercusión mediática, convirtieron a Mari Luz en una especie de 'Maddie' española.
Todo empezó el 13 de enero con la desaparición de la niña. Había salido de su casa para comprar chucherías a un quiosco cercano, pero nunca regresó
Durante dos meses, el barrio onubense de El Torrejón, se movilizó para buscar a Mari Luz. Fue en vano: su cuerpo aparecía el 7 de marzo flotando en la zona de Petroleros del puerto de Huelva.
Dieciocho días después, el 25 de marzo, la Policía detuvo a un matrimonio, vecino de la familia de la niña, y a una mujer, por su presunta relación con los hechos. Se trataba de Santiago de Valle, su mujer, Isabel García, y una hermana de él, Rosa del Valle.
El detenido reconoció los hechos ese mismo día. Sin embargo, alegó que la muerte de la pequeña se produjo de "forma involuntaria". Unas explicaciones que no convencieron a la jueza, ya que sobre él pesaban antecedentes de pederastia. De hecho, en 2002 fue condenado por abusos sexuales sobre su propia hija, de cinco años. Pero Del Valle llevaba seis años esquivando a la justicia y eludiendo la cárcel tras un rosario de negligencias de la justicia.
Ante esta cadena de despropósitos, el Consejo General del Poder Judicial ha ha sancionado al juez Rafael Tirado con 1.500 euros por una falta grave de restraso injustificado en la atención de los asuntos de su juzgado. La decisión ha provocado la indignación de la familia, la Fiscalía, el Gobierno y de buena parte de la sociedad.
El 6 de agosto, el profesor de universidad Jesús Neira ingresó en estado de coma en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Cuatro días antes, había sido brutalmente agredido por defender a una mujer que estaba siendo presuntamente maltratada por su pareja.
Los hechos ocurrieron cuando Neira, acompañado de su hijo de 13 años, coincidió en la entrada de un hotel con un hombre que discutía de forma violenta con su pareja. Neira recriminó entonces al agresor, que acto seguido la empredió a golpes con él. La paliza le provocó días más tarde un derrame cerebral que no le fue diagnosticado inicialmente por ninguno de los médicos que le atendió.
Desde entonces permanece ingresado. El pasado 11 de octubre, Neira despertó del coma e, incluso, pasó a planta. Pero una crisis respiratoria le devolvió el 11 de noviembre a la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI).
En agosto, el Gobierno ha acordado, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, conceder la Gran Cruz al Mérito Civil a Jesús Neira por convertirse en un "símbolo de la defensa colectiva contra la violencia de género".
Precisamente, la lacra de la violencia machista ha dejado este año más de 60 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, una cifra que podría aumentar porque hay varios casos en investigación (consultar lista de feminicidios en 2008 del Centro Reina Sofía).
La madrugada del 15 de noviembre, Alvaro Ussía, de 18 años recibió una paliza mortal a las puertas de la discoteca madrileña Balcón de Rosales. Los presuntos agresores fueron los tres porteros del local, detenidos horas más tarde por la Policía.
El chico, según el SAMUR, sufría una contusión miocárdica cuando le atendieron y no presentaba signos de haber sido agredido. Pero los testigos revelaron que los agresores le habían reventado el corazón saltando encima de su pecho. El motivo: que un amigo de Álvaro tropezó con una chica que resultó ser la novia de uno de los porteros.
Después se supo que la discoteca tenía un rosario de denuncias y sanciones, lo que provocó la indignación general. El caso motivó el cierre en cadena de varias discotecas madrileñas que incumplían la normativa vigente.
Además, abrió el debate sobre la selección y preparación de los porteros de discoteca. En este sentido, el Gobierno de Madrid ha aprobado un decreto que regula el trabajo de estos individuos, a los que prohíbe ejercer funciones de seguridad y les obliga a superar pruebas psicológicas y de conocimientos que les acrediten para ejercer funciones de control y acceso en esos establecimientos.
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