RTVE.es/AGENCIAS - MADRID La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Gobierno va a abordar reformas legales para que un partido ilegalizado no pueda gobernar los ayuntamientos.

El anuncio lo ha hecho dos días después del atentado de ETA que acabó con la vida del empresario vasco Ignacio Uría, en Azpeitia (Guipúzcoa). ANV, que gobierna el Ayuntamiento de esta localidad no condenó el asesinato.

"Anuncio que el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ha añadido que se hará "como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias". Ha añadido, además, que el Ejecutivo seguirá siendo "muy escrupuloso con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la ley amparándose precisamente en ella".

Ha explicado que ya se han dado las instrucciones precisas al servicio jurídico del Estado, aunque "no es un asunto fácil", y desde hace tiempo se exploran las distintas posibilidades para impedir que representantes de eas formación puedan aprovecharse de las instituciones democráticas.

En concreto, ha precisado que se está analizando la ley de régimen local, pero que es un objetivo difícil porque el artículo 61 de esa norma, a la hora de hablar de la disolución de los ayuntamientos, establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hacen muy complicado proceder a esa disolución en estos casos.

En concreto, ha recordado que la ley determina que tiene que haber unas actuaciones reiteradas y graves que tienen que estar acreditadas de forma probada.

Como de acuerdo a la jurisprudencia del Constitucional la ilegalización de un partido no conlleva la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la no actuación de sus concejales, se trata, según la vicepresidenta, de buscar vías que impidan que los representantes de esas formaciones puedan gobernar las corporaciones.

Control "hasta el último euro" de los fondos para el empleo

Fernández de la Vega ha garantizado que el Ejecutivo controlará el destino de los 8.000 millones de euros que repartirá entre los ayuntamientos para la creación de empleo.

Ante la petición de que se excluya de estos fondos a los consistorios gobernados por ANV, ha reiterado que se aplicarán todos los mecanismos de control y transparencia para que lleguen "a los ciudadanos".

Sobre la posibilidad de que estos fondos no llegue a ayuntamientos de ANV, como ha propuesto el PP en las Cortes, la vicepresidenta ha subrayado que este dinero es para generar empleo entre sus ciudadanos.

"Desde el primero hasta el último euro" de estos fondos, "tienen nombre y apellidos" y están destinados a la creación de empleo, por lo que todas las personas beneficiarias serán "mujeres y hombres en paro", ha añadido.

Mensaje para los terroristas

De la Vega ha expresado en nombre del Gobierno un "mensaje de apoyo, cariño y solidaridad" a los familiares, amigos y compañeros de Ignacio Uría y ha mandado un mensaje muy claro a los terroristas y a los que se amparan "tras sus actas de cargos electos".

A la "rabia y el dolor" se unen, ha dicho, "la convicción y la certeza de que los terroristas serán encontrados, detenidos, juzgados y encarcelados".

Ha asegurado que "su futuro cierto es la cárcel" y dentro de poco estarán en prisión cumpliendo sus condenas.

En alusión a los cargos de ANV que no condenan los atentados de ETA, De la Vega ha insistido en que deben saber que "el Gobierno no seguirá su juego y que actuará en todos los frentes" que le brindan las leyes.