El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género considera inaplazable la creación de más juzgados exclusivos para conocer este tipo de agresiones y necesario un mayor compromiso de la Administración Penitenciaria para poner en marcha los programas de rehabilitación de los condenados.

Cuando se cumplen tres años de la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la presidenta del Observatorio, Montserrat Comas, ha hecho un balance "en líneas generales positivo" de la respuesta judicial hacia estas víctimas, pero también opina que hay asignaturas pendientes como algunas "reformas técnicas legislativas puntuales" para superar algunas disfunciones y mejorar la aplicación de la ley.

Expone que es inaplazable proceder a la comarcalización para que se puedan crear más juzgados que sólo atiendan estas cuestiones, ya que de los 458 existentes, 375 juzgados tienen que compatibilizar esta tarea con los otros asuntos. Esta situación "genera muchas disfunciones debido a la sobrecarga de trabajo y a la imposibilidad de actuar como verdaderos órganos especializados y con los medios necesarios".

También estima que deben mejorar las Unidades de Valoración Forense Integral con la plantilla adecuada y recuerda que a ellas corresponden asuntos tan urgentes como la valoración pericial de la situación de riesgo de las víctimas.

Exigen más compromiso a la Administración Penitenciaria

En el repaso de los tres años de promulgación de la Ley Integral, Comas expone el "insuficiente compromiso de la Administración Penitenciaria con la asunción de las obligaciones" derivadas de la ley, que no ha cumplido con la obligación de poner en marcha los programas de rehabilitación a los agresores, cuyo seguimiento es voluntario para los que cumplen la pena, pero obligatorio para los que se suspende o sustituye la prisión.

La responsable del Observatorio destaca el "pleno acierto del legislador al diseñar en la ley la creación de estos juzgados especializados", que, opina, han cumplido con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva e inmediata a las mujeres que sufren esta violencia y una mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género.

También considera que se ha terminado con la dispersión judicial al actuar de forma especializada y asumiendo una doble competencia penal y civil para la resolución de los conflictos que atañen a una misma víctima.