El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha abierto un expediente a la empresa propietaria de la central de Ascó por dar información "incompleta y deficiente" sobre el suceso ocurrido el pasado 28 de diciembre, cuya gravedad ha elevado del nivel 1 al nivel 2 en la escala de sucesos internacionales INES.

Por este motivo, ha obligado a la empresa a realizar análisis de radiactividad a las 800 personas que han pasado por el emplazamiento desde entonces.

El organismo que vela por la seguridad nuclear en España ha insistido, no obstante, en que no existe riesgo para la población, aunque los datos disponibles indican que el vertido fue superior al inicialmente estimado.

La escala internacional INES abarca desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7 (accidente grave), y el 2 está considerado como un "incidente".

Expediente a la empresa

Para esclarecer todos los detalles del suceso de vertido de material radiactivo en áreas exteriores a la central, el CSN ha pedido al titular de la central que presente información detallada de numerosos aspectos.

Del análisis de la cronología de los hechos, el CSN ha deducido que el pasado día 9 de abril el titular ya conocía que la información de actividad total vertida no era correcta y no lo comunicó al organismo. Tampoco informó de ello durante el Comité Local de Información extraordinario que se celebró esa misma tarde en la localidad de Ascó.

Según el CSN, el impacto radiológico que se deriva de los nuevos datos sigue siendo "muy poco significativo" para la población en el entorno de la central, y según las nuevas estimaciones, el impacto sobre las personas que han trabajado en la instalación se encuentra, en términos de dosis, "por debajo de los límites legales".

El Consejo de Seguridad Nuclear va a iniciar "inmediatamente" una campaña de vigilancia radiológica para complementar las medidas que ya realizó el día 5 de abril en el exterior de la instalación con un equipo de inspectores.