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La Comisión Europea (CE) ha puesto este miércoles en marcha el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la Unión Europea debido a sus polémicas reformas del sistema judicial, que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho. "La Comisión ha concluido hoy que hay un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho en Polonia (...). La Comisión propone al Consejo que adopte una decisión en el marco el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea", indicó la CE en un comunicado. En rueda de prensa, el vicepresidente de la CE Frans Timmermans ha recordado las invitaciones al diálogo que Bruselas ha emitido durante los últimos dos años y señaló que las decisiones adoptadas por el gobierno polaco "ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial" en el país.

Berlín ha expresado su apoyo a la Comisión Europea en caso de que decida actuar contra Polonia. Así lo ha anunciado este miércoles Steffen Seibert, portavoz de Gobierno alemán: "Si lo decide la Comisión, lo apoyaremos". Las reformas aprobadas por el ejecutivo conservador de Beata Szydlo hace dos años han despertado las críticas del resto de socios europeos y de la oposición polaca, que denuncian el excesivo control que se arroga el Gobierno.

La Unión Europea sentencia que UBER no es una plataforma sino un servicio de transporte y que los gobiernos pueden exigirles licencia de taxi.. La sentencia, ante la que no cabe recurso, responde a una denuncia presentada por los taxistas de Barcelona por competencia desleal.

La ministra británica de Interior, Amber Rudd, ha asegurado a los ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido que sus derechos han sido "salvaguardados" como parte del princpio de acuerdo para el Brexit alcanzado con la Unión Europea. En una carta dirigada a los 120.000 residentes registrados procedentes de países del bloque común, Rudd detalla lo que implicará el citado pacto y cómo funcionará el nuevo estatus de "asentado" para estos comunitarios. 

"Valoramos vuestra contribución, que es por lo que el Gobierno antenpone salvaguardar vuestros derechos como la principal prioridad en las negociaciones del Brexit", dice la política, que ha asegurado que se siente "orgullosa" de que tantos europeos "hayan construido sus vidas" en el país.

En la carta, la ministra recuerda que los derechos de los comunitarios y sus familias siguen siendo los mismos. "Estos derechos se consolidarán en la legislación británica, lo que implica que podéis vivir vuestra vida como lo hacéis ahor con la seguridad de saber que no cambiará", apunta.

España logra suavizar el recorte en la cuota de pesca de merluza en el caladero sur, desde el 30% que proponía la Comisión Europea, hata el 12% en 2018. Por unanimidad, los ministros de Pesca de la Unión han alcanzado un acuerdo para las cuotas en el Atlántico y el Mar del Norte, después de casi 22 horas de negociación. También serán más suaves los recortes en la pesca de merluza del norte aunque se mantiene lo previsto para el jurel, el rape y los gallos. Se mantienen las cuotas para la anchoa y el boquerón.

  • La frontera entre Irlanda y el Ulster será permeable, pero respetará los acuerdos de paz de Irlanda del Norte
  • Bruselas cree que se dan garantías suficientes para los ciudadanos europeos en Reino Unido
  • Hasta la fecha de salida de Reino Unido no se concretará la factura económica
  • Tusk recuerda que empieza "lo más difícil" porque las diferencias son "muy grandes"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que los independentistas que se han manifestado en Bruselas en contra del Ejecutivo y de la Unión Europea han podido hacerlo por los derechos que les reporta tener un DNI español y formar parte de la UE.
Sáenz de Santamaría, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha subrayado que de quienes se han manifestado en la capital belga, algunos serán españoles y otros no. Y ha precisado que si los primeros han podido hacerlo es porque disponen de un DNI de España y de una Constitución que permite los derechos de manifestación y reunión. "Por tanto, están ejerciendo un derecho europeo derivado de que España forma parte de la Unión Europea", ha añadido.