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El Tribunal Supremo ha declarado abusiva la comisión que cobran los bancos a sus clientes cuando sus cuentas se quedan en números rojos.

La sentencia da la razón a la Asociación de Consumidores del País Vasco, que demandó a Kutxabank por cobrar 30€ a una persona que se quedó en números rojos, pero no cuestiona la cuantía en sí, sino la propia comisión por descubierto.

El tribunal considera que es una comisión abusiva porque supondría sumar a los intereses de demora otra cantidad, a modo de sanción, por el mismo concepto. Asegura que así se incumplen las exigencias del Banco de España, que dispone que solo se pueden cobrar comisiones por los servicios que prestan a sus clientes.

Nicolás González Cuellar, catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Castilla la Mancha, ha explicado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso los posibles escenarios a los que se enfrenta Carles Puigdemont, tras la emisión de la euroorden.

González Cuellar espera una resolución para los intereses de la justicia española y considera que"fue lamentable que, en las dos ocasiones anteriores, no se pudiera ejecutar la orden de detención. Hay que confiar en que, esta vez, la justicia belga actúe de manera diferente".

González Cuellar se muestra optimista en lo que se refiere a la inminente detención del ex presidente y apunta que el proceso debería ejecutarse en un margen de 60 días, prorrogables por 30 días más sin perjuicio de que en casos muy excepcionales los Estados miembro puedan tomarse más tiempo.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha subrayado este viernes que la exhumación de Francisco Franco fue consecuencia de un acto decidido por ley y ha dejado claro que no hubo ninguna "profanación de tumbas" tal y como denunció la familia en un comunicado entregado a la prensa tras la reinhumación del dictador.

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, opina sobre la sentencia que condenó por un delito de sedición a los presos de la cárcel de Torrero (Zaragoza) en 1983. Considera que fue desproporcionada y jamás se les debió aplicar a los amotinados esa figura delictiva.