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Pablo Casado ha anunciado que el próximo lunes el PP va a llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto-ley antidesahucios del Gobierno porque, según su palabras, "facilita las ocupaciones en España". En concreto, se ha referido al redactado que indica que el juez no debe suspender un desahucio -es decir, debe ejecutarlo- "cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".

El Tribunal Constitucional dice que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión. La sentencia completa se conocerá en los próximos días, así como los votos particulares, ya que la votación ha sido muy ajustada y seis magistrados han votado a favor y cinco en contra de desestimar el recurso de un sindicalista, que fue multado por decir frases como "hay que prenderle fuego a la puta bandera".

“Prender fuego a una bandera” es una de las proclamas que un representante de la Confederación Intersindical Galega expresó en una concentración para reivindicar mejoras salariales en 2014. Por una ajustadísima mayoría de 6 a 5 votos, el Tribunal Constitucional concluye que aquellas expresiones se realizaron al margen de las reivindicaciones y sin el amparo de los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad ideológica. Los 5 magistrados que creen que sí prevalece la libertad de expresión han anunciado voto particular. Informa teresa Coto.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para renovar las instituciones con mandato caducado como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. "Es básico que las instituciones funcionen con absoluta normalidad y tengan plena legitimidad. Los grupos parlamentarios tienen que asumir que deben cumplir con esa obligación y estoy segura de que lo harán en 2021", ha afirmado.

Batet confía en que la aprobación de los Presupuestos ayuda a rebajar el nivel de crispación en el Congreso y que los diputados interioricen que pueden defender sus argumentos sin necesidad de levantar la voz. Además ha enmarcado dentro de la normalidad el apoyo de ERC y EH Bildu a las cuentas. "No creo que el apoyo de estas formaciones tenga por qué condicionar nada. Todos los diputados de esta Cámara están legitimados para estar en ella. Lo importante es que España tiene unos Presupuestos para encarar el futuro mejor preparada”, ha insistido la presidenta del Congreso, que ha valorado el gesto de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que el pasado lunes acudió al homenaje del Congreso a Ernest Lluch en el vigésimo aniversario de su asesinato a manos de ETA.

El Gobierno reconsidera su acuerdo con el PP para renovar el CGPJ. El ministro de Justicia ha dicho que el pasado jueves habló con los populares y el acuerdo, dice está hecho, pero so solo falta hacerlp público. Avanza que los delitos de rebelión y sedición se mantienen aunque no habla de penas y un nuevo delito el de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Uno de los puntos más polémicos de la ley de Seguridad Ciudadana son las llamadas devoluciones en caliente, que el gobierno recurrió al Constitucional cuando estaba en la oposición. Ahora el Tribunal Constitucional ha avalado esta práctica siempre que se haga de acuerdo a la ley. Las organizaciones de ayuda a los migrantes creen que estas prácticas no respetan los derechos y piden al gobierno coherencia para no aplicarla en su política migratoria.

El Tribunal Constitucional ha determinado que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Rajoy es constitucional en casi todos sus puntos, incluido la devolución de migrantes “en caliente”. El Tribunal sólo no avala el artículo que hablaba de las grabaciones “no autorizadas” a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por lo que no podrán ser consideradas infracciones graves.

Informa Teresa Coto

Con la periodista Rosa Sánchez hablamos de la brecha salarial y las nuevas medidas del Gobierno para acabar con ella. Repasa sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que indican los pasos que se han ido dando en los últimos años. La primera y la que marcó la tendencia es del año 1991. El Tribunal Constitucional dio la razón a las limpiadoras de un hospital que reclamaban el mismo sueldo que sus compañeros hombres con categoría de peón. Los trabajos no eran estrictamente iguales, pero consideraron que eran de igual valor, y ese principio quedó asentado. Además se dio un gran paso censurando el lenguaje sexista del convenio que hablaba de "limpiadoras" y "peones".