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La pandemia deha 25 fallecidos durante el fin de semana y 1.608 nuevos positivos. Toledo es la provincia que peores datos registra de la región, por ello en Talavera de la Reina y su comarca van a reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos ante el avance del coronavirus. Mientras, en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, ya se ha levantado el confinamiento después de un mes.

La Policía Nacional ha desmantelado el considerado como el mayor supermercado de la droga de España en la Cañada Real de Madrid. Allí, el denominado clan de 'los Kikos' vendía, según las autoridades, hasta 200 dosis de droga al día. Hay 14 detenidos y se han incautado 19 kilos de cocaína, medio millón de euros y 18 armas de fuego. La operación comenzó tras la investigación periodística del programa de TVE La hora de La 1.

El delegado del Gobierno en Madrid ha indicado en Radio Nacional que no habrá multas, aunque los agentes actuarán con “flexibilidad” hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid valide la imposición de sanciones por saltarse las restricciones a la movilidad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que la policía municipal no puede hacerse cargo en solitario de vigilar el cumplimiento de las restricciones, pero el número de efectivos que se enviarán a cada localidad es algo que quedaba en el aire a la espera de conocer los detalles de la orden que se ha publicado en el boletín oficial de la Comunidad. La Delegación del Gobierno en Madrid ha planteado reforzar con 700 efectivos los cuerpos locales, con los que ya ha tenido las primeras reuniones de coordinación. El delegado José Manuel Franco ha reconocido en Radio Nacional que la labor será compleja y ha confiado en que las empresas, por ejemplo, faciliten a los trabajadores documentos que acrediten sus desplazamientos. Informa Francisco Pérez.

El delegado del Gobierno en MadridJosé Manuel Franco, ha adelantado en el informativo '14 horas' de Radio Nacional que la Policía multará desde mañana a quien no cumpla las restricciones que van a entrar en vigor en Madrid, aunque ha dejado claro que “se actuará con la flexibilidad adecuada”. “Teniendo en cuanta la cantidad de excepciones que hay a la restricción de movilidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sabrán actuar con proporcionalidad”, ha dicho Franco.

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han incautado en una operación conjunta denominada Goleta-Gratil un total de 35 toneladas de droga en el que ha sido el mayor golpe al tráfico de hachís realizado por España por vía marítima, no solo por la cantidad intervenida sino por la complejidad de la operación para detener a los cuatro narcoveleros en la que era transportada. Esta mañana han descargado el alijo en los puertos de Algeciras y Las Palmas. El valor en el mercado de la droga incautada habría superado los sesenta millones de euros. De momento, hay once detenidos, pero la operación sigue abierta.

Tras apresar dos veleros en octubre de 2019, hace una semana agentes de la Agencia Tributaria abordaban en aguas al sur de Canarias y en el Estrecho de Gibraltar, otras cuatro embarcaciones con fardos de hachís.

En total se han intervenido 35 toneladas que pretendían introducir en las costas gallegas y que habrían alcanzado un valor de 60 millones de euros en el mercado negro.

La policía destaca la capacidad de regeneración de la organización criminal, para poder cargar más de 30.000 kilos de hachís en una semana. En la operación han intervenido la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la armada, que han descargado parte de la droga. La colaboración internacional ha sido clave para poner freno a esta organización criminal que intentaba introducir droga en Europa a través de nuevas rutas en el Atlántico.

En Alemania, la consternación por mensajes nazis y otros vinculados con la ultraderecha ha salpicado a varios miembros de la policía del país. Entre el chat creado por los agentes circulaban montajes con fotos de Adolf Hitler, esvásticas y hasta simulaciones de ejecuciones de personas refugiadas. Todos ellos han sido suspendidos y contra algunos de ellos ya se han puesto en marcha procedimientos penales. La preocupación se ha extendido por la nación, ya que no se puede hablar de casos aislados en una sociedad que pena estos hechos con hasta tres años de cárcel. Piden que se controle quién entra a los cuerpos del estado.