Los afectados por las preferentes se hacen oir en el Congreso, y el consejo de ministros aprueba que una comisión supervise los procesos de arbitraje.
Tendrá que adoptar criterios para defender a los clientes más vulnerables desde el punto de vista financiero, que gozarán de un "procedimiento exprés" de arbitraje. Entre sus funciones también estará la de realizar análisis, elaborar informes trimestrales al Congreso y elevar propuestas para mejorar la defensa de los ahorradores. Los clientes de los bancos nacionalizados que adquirieron participaciones preferentes sufrirán un descuento en su inversión de entre un 38% y un 61% al canjearse por acciones de las entidades, según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se crea una comisión de seguimiento que determine si los afectados por preferentes pueden acceder al arbitraje. El objetivo es proteger a los propietarios de estos títulos, en particular a los más vulnerables.
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha reconocido que la mayor parte de las reclamaciones tienen por objeto la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada, que los inversores no han podido recuperar cuando lo deseaban.
El ministro de Economía también ha anunciado que la Sareb tiene previsto vender activos por valor de 1.500 millones de euros en este ejercicio. Y ha asegurado que, aunque queda un camino difícil, el sector bancario está mejor que hace año y medio. Todos los grupos, excepto el Popular, han criticado el coste que la reestructuración tiene para los contribuyentes y han denunciado la falta de crédito.
Según distintos cálculos, entre 700.000 y un millón de personas han visto atrapados miles de millones de sus ahorros -32.000 millones en 2010-, en un producto financiero complejo que no entendían porque nadie les explicó: las participaciones preferentes que empezaron a ofrecer bancos y cajas en los tiempos de bonanza.
Durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera se convirtieron en un método rápido para capitalizar sus arcas vacías y acumular las reservas que les exigían desde el Gobierno y desde Bruselas. El perfil del cliente atrapado es el de persona mayor, jubilados que invierten sus ahorros en lo que les recomendaron en la sucursal de su banco o caja de toda la vida.
Destapado el pastel, cada entidad ha dado un tratamiento distinto a sus clientes. La Caixa ofreció cambiarlas por un combinado de bonos y deuda a largo plazo. El BBVA las canjeó por bonos convertibles en acciones cotizadas en bolsa. El Santander las canjeó íntegramente por acciones.
Ahora quedan pendiente las de Bankia y otros bancos nacionalizados. El Gobierno se comprometió a darles una solución que pasará por asumir pérdidas.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, su plan para la entidad, que precisó de 19.000 millones de euros, frente al de Rato, y ha destacado en esta línea que en la actualidad no hay "ni un solo político en el Consejo".
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha sido citado a declarar en calidad de testigo por el juez Andreu de la Audiencia Nacional, que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
