La Generalitat de Cataluña ha publicado el mapa de las 3.700 fincas que, en los últimos 70 años, la Iglesia habría registrado a su nombre y de los que no tendría título que acredite su propiedad. Son inscripciones conocidas como inmatriculaciones, hechas entre 1946 y 2015.
Las inmobiliarias vuelven ya a enseñar pisos, aunque ahora con más medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus. El mercado también ha cambiado. Hay más oferta de alquiler porque hay viviendas turísticas que han regresado al mercado residencial, pero el sector cree que los precios sólo bajarán en las compraventas.
Los pisos colmena podrían llegar a Madrid dentro de poco. El Ayuntamiento afirma que son ilegales por su tamaño, iluminación o ventilación. Los promotores en cambio, defienden su implantación. Ellos declaran que tienen 3 mil reservas en España. Aunque el sindicato de inquilinos sostiene que es una "vuelta de tuerca" a la precarización de la vivienda. Este tipo de vivienda tarda 12 días en construirse.
A finales de marzo el Gobierno publicará por primera vez un índice de precios de las viviendas de alquiler, que no implica una limitación de los precios. Una de las principales empresas tasadoras de España ha identificado en qué zonas es más asfixiante afrontar un alquiler. Competencia ha abierto expediente a Idealista, Look & Find y otras cinco empresas del sector inmobiliario por pactar precios.
El mercado de la vivienda ha cerrado el año 2019 con cifras negativas por primera vez en cinco años. Esta evolución refleja la desaceleración económica. Inmobiliarias como 'Ocasión Casa' están detectando una bajada en las visitas de compradores. Los posibles clientes se quejan del elevado precio de las viviendas y esperan a que baje en los próximos meses.
Los grandes tenedores de viviendas, sean bancos, fondos de inversión o de capital riesgo, tendrán que ofrecer un alquiler social a personas o familias que lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin contrato y que estén en situación de vulnerabilidad acreditada antes de iniciar una demanda judicial.
El decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado este lunes por el Govern incluye el alquiler social obligatorio, con una duración de hasta siete años, para personas que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, estén afectados por procesos de desahucios o lleven más de seis meses ocupando una vivienda en el momento de entrada en vigor del decreto.
Para los jueces europeos, Airbnb es un servicio de la sociedad de la información. Por ello, no es necesario que ostente una identificación como agencia inmobiliaria. La disputa surgió en Francia, tras una queja de la hostelería gala. Sin embargo, algunos sectores comentan que la directiva 2000 está desfasada.
