María Jesús Montero

La prioridad de Pedro Sánchez para este nuevo gobierno es la gestión económica, según afirman fuentes de la Moncloa. Por eso, dos de las cuatro vicepresidencias que lo formarán tienen marcado carácter económico: Nadia Calviño será vicepresidenta económica y Teresa Ribera de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Además Sánchez ha reforzado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nombrándola nueva portavoz del Ejecutivo. Sánchez ha incluido asimismo Exteriores entre las carteras económicas y ha quitado Seguridad Social a la cartera de Trabajo, que asumirá Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. En definitiva, la mayor parte de la gestión económica queda en manos del PSOE en un gobierno más numeroso, que suma nueve asientos en comparación con el último de Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros pasa de tener 18 a 23 sillas y cinco las ocupará Unidas Podemos.

• Sánchez prevé reforzar su equipo económico dotando de más peso a Exteriores en esta materia y creando la segunda cartera
• Ábalos, Marlaska, y Planas continuarán también en el Ejecutivo; no lo harán no Guirao ni Carcedo

• Montero mantendrá, además, la cartera de Hacienda, labor que venía desempeñando desde junio de 2018
• Pedro Sánchez comunicará el domingo la lista completa con los ministros de su Ejecutivo, que tomarán posesión el lunes

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha declarado a TVE que la previsión de recaudación para las cuentas públicas ya está preparada. Los presupuestos generales estarán "dirigidos a las personas" y cumplirán con las reglas fiscales europeas. Por otro lado, el CEOE y el CEPYME han ofrecido su total colaboración al nuevo gobierno. Los sindicatos han solicitado la subida del SMI y las pensiones, así como la derogación de leyes como la reforma laboral, y el CSIF ha pedido que se apruebe la subida salarial para los empleados públicos.

• La ministra María Jesús Montero remite una carta al consejero andaluz en la que rechaza que sea una decisión arbitraria
• En este sentido, le recuerda que la región puede abandonar el mecanismo de liquidez estatal para acudir a los mercados

Hacienda ha prohibido a la Junta de Andalucía endeudarse en los mercados y le exige un plan de ajuste por incumplir el déficit de 2018, cuando todavía gobernaba en esta comunidad autónoma el PSOE, provocando un conflicto entre el Gobierno central y el autonómico. El ejecutivo andaluz, de PP y Ciudadanos, denuncia una "intervención de la autonomía" y tilda la decisión de unilateral y arbitraria para bloquear la gestión económica del bipartito. PP y Ciudadanos, que van a pedir comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda en funciones, culpan a los socialistas del déficit andaluz porque en 2018 Susana Díaz gobernaba la Junta, con los presupuestos de su consejera de Hacienda, Maria Jesús Montero.

Por su parte, fuentes del Ministerio niegan las acusaciones y achacan el descuadre a gastos sobrevenidos este año y cargados al anterior. La oposición socialista reprocha a la Junta que critique la financiación a traves del FLA, un mecanismo que aprobó el gobierno de Rajoy, y cree que el Ejecutivo andaluz quiere tapar sus recortes.

El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a la Junta de Andalucía en la que señala que la administración autonómica incumplió el objetivo de estabilidad en 2018, por lo que le impide captar recursos a través de los mercados financieros y le solicita que presente un plan de ajuste. Señala la misiva que Andalucía no reúne los requisitos "para adherirse al compartimento Facilidad Financiera en 2020, por lo que le corresponderá, en su caso, adherirse al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2020".

• Vox ha sido el único en desmarcarse al defender la aplicación de cadena perpetua para violadores y asesinos
• El debate, íntegramente femenino, ha contado con más propuestas que los anteriores, pero sin movimiento respecto a pactos

• También estaban citados Díaz, Montero y Griñán, pero no acudirán
• La comisión investiga las presuntas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha negado que la Comisión Europea (CE) haya regañado al Gobierno al presentar un plan presupuestario que no cumpliría con el ajuste fiscal comprometido con Bruselas, y ha recordado que el proyecto enviado es una prórroga.
En declaraciones en el Congreso, Montero ha dejado claro que las cuentas remitidas a Bruselas se presentaron a "política constante", es decir, sin incluir medidas adicionales de ingresos dado que se trataba de una prórroga presupuestaria, aunque sí contemplaban una partida mayor de gasto derivada de la revalorización de las pensiones y del aumento de los sueldos de los funcionarios.
Por esta razón, no se cumple con el objetivo de déficit estructural comprometido con Bruselas, ha explicado la ministra, quien ha añadido que se enviará el proyecto de Presupuestos, con las nuevas figuras tributarias, una vez que sea aprobado por un nuevo Gobierno y presentado en el Congreso de los Diputados.
 

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, defiende que los ingresos fiscales de un nuevo presupuesto permitirán cuadrar las cuentas. Explica que la carta de Bruselas "no es una regañina, es la constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto y para eso es necesario un gobierno a pleno rendimiento que pueda trabajar."

• La ministra de Hacienda en funciones asegura que llegarán fraccionadas en los próximos dos meses

El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley -que debe ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso- por el que transferirá 5.503 millones de euros a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales referidas al año 2019. En concreto, las regiones recibirán 4.682,29 millones y los ayuntamientos, 821,87 millones de euros.

• Montero justifica que el cambio de la Abogacía del Estado en que no habrá gobierno y en la necesidad de las regiones
• En concreto, las comunidades autónomas recibirán 4.682 millones y los ayuntamientos, 821 millones de euros

• La medida desligará las entregas de los Presupuestos Generales del Estado y "fortalecerá" la autonomía de las comunidades
• La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo considera un "hito" y niega que tenga fines electoralistas

• PP, Ciudadanos y Vox, que cuentan con mayoría en la comisión de la FAFFE, han pedido su comparecencia
• Se investigan las presuntas irregularidades en los gastos de una fundación pública de empleo entre 2003 y 2011

Las Comunidades Autónomas necesitan 4.500 millones de euros para finalizar 2019. Sin embargo, un Gobierno en funciones no puede inyectar liquidez de los anticipos a cuenta pendientes según la Abogacía del Estado. El Ministeiro de Hacienda cree que con las eleeciones del 10 de noviembre se abre una alternativa mientras que desde el Partido Popular, Pablo Casado, acusa a los socialistas de utilizar este proceso como estrategia electoralista.

El PP pregunta a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sobre RTVE. "¿Qué va a hacer el PSOE para que RTVE deje de estar a su servicio?". Montero niega la mayor y asegura que RTVE es totalmente independiente. 
Macarena Montesinos (PP) acusa a la administradora única, nombrada por el Parlamento, Rosa María Mateo, de "purgar a más de 100 profesionales" y de adjudicar contratos sin control parlamentario. Además, asegura, ha ofendido a las víctimas del terrorismo por la entrevista a Arnaldo Otegi. 
Montero recuerda que Mateo fue elegida por el Congreso, por mayoría absoluta. "En 2017, con el predecesor de Mateo, el informe de RTVE recogió 230 casos de manipulación y censura informativa (...) En el periodo de Mateo no ha recogido ninguno", asegura. 

• La ministra María Jesús Montero advierte de que una investidura sin acuerdo una provocaría "problemas de gobernabilidad"
• Los socialistas retoman las conversaciones con la formación morada por primera vez tras la investidura y tras su última oferta

• El ministro de Fomento no ha concretado más después del informe contrario de la Abogacía del Estado
• La institución dictamina que un Gobierno en funciones no puede transferir anticipos a cuenta a las CC.AA.