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Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se alegra de que la UE vaya a cerrar una política común en materia de inmigración. Le suena bien que vaya a producirse una única respuesta: “Que todos los estados miembros den respuestas distintas, no funciona. Poner de acuerdo a todos en principios básicos, es importante”. Reconoce que en todos los acuerdos tiene que haber cesiones y ahí añade que él es crítico con lo que tiene que ver con la gestión de los menores no acompañados: “Soy crítico con que no dé respuesta a los menores no acompañados. Es difícil que las ONG. a pesar de su trabajo, puedan garantizar los derechos de la infancia, que esos menores puedan tener y aspirar a un futuro mejor cuando se meten en la oscuridad de un cayuco. Ahí es donde nosotros hemos echado de menos al Gobierno de España y la solidaridad de otras CCAA”. Clavijo cree que el Estado debe ser el encargado de hacer un reparto de los menores y coordinar mejor la organización de los inmigrantes adultos. Clavijo cree que es básico el desarrollo de políticas en los países de origen y pone la mirada en las elecciones que hay en febrero en Senegal y en el periodo que se puede abrir cuando eso pase: “Espero que tras las elecciones el país se estabilice y, si se aprueba la política común, se pueda actuar”.

Estrella Galán, directora general de CEAR, confiesa preocupación porque el Parlamento de la UE “haya aceptado ciertos puntos rojos que empeoran la propuesta que había hecho la Comisión”. Considera que, en este momento, el riesgo es alto: “Supone más una amenaza que una oportunidad para los DDHH”. Cree que se va a someter a las personas a una serie de controles obligatorios que los convierte casi en detenidos, no en solicitantes de asilo. También habla del tratamiento que se les va a dar a los menores no acompañados: “Es necesario avanzar en la protección de todos los perfiles vulnerables. Todo esto vulnera la convención de Ginebra”. Concluye además que el endurecimiento de todas las condiciones que plantea el acuerdo “no va a aliviar la presión de países como el nuestro”.

Cuatro personas migrantes han fallecido en una playa de San Fernando, en Cádiz tras ser arrojadas a la fuerza al mar, desde una patera. Navegaban con otras 23 personas, que sí han podido ser rescatadas. Poco antes, otros ocho inmigrantes fueron igualmente lanzados al mar en Santi Petri, en Chiclana.

Amir y Ambro cuentan que llegaron hace seis meses a España en patera. Pagaron a alguien, pero nunca les vieron, iban tapados. Pagan miles de euros o la vida por viajes que podrían costar 500. No pueden pedir visados ni tienen otra opción para llegar a Europa, aseguran. Y mientras, las mafias se lucran a su costa.

Ganan entre cinco y seis billones de euros en el mundo, según datos de la Comisión Europea. El 90 % de las llegadas irregulares a la Unión Europea está en manos de estas redes. Para acabar con ellas, la Comisión propone nuevas medidas, como aumentar las penas de cárcel o unificar la definición legal de los delitos. Las ONG creen que la solución contra las mafias es ofrecer vías legales y seguras.