Desde las pasadas elecciones municipales, diversas entidades sociales en Cataluña han detectado un aumento de ayuntamientos que ponen trabas para el empadronamiento de migrantes. La Generalitat reconoce las quejas y propone una reunión con los consistorios para recordarles que deben cumplir la ley. Es el caso, por ejemplo, de Ripoll. La alcaldesa, del partido ultra Aliança Catalana, ha recordado en la red social X que únicamente está cumpliendo su programa.
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice estar tranquilo con el debate de las competencias migratorias, porque la legislación está clara: “Ningún estatuto dice que ninguna comunidad establezca de manera unilateral cuánto va a recibir y cuánto no. Eso es competencia del Estado y entendemos que seguirá siendo así”. Cree que Junts podría hacerse cargo de la gestión de los centros, traspasándose también el dinero para mantenerlos, pero no más: “En eso, nada que objetar”.
Clavijo cree que hay mucho postureo alrededor de todo esto y considera que simplemente hay que hablar y negociar: “Tenemos una constitución, un ordenamiento jurídico y más allá del circo mediático y el postureo en el que se ha convertido la política en Madrid, podemos hablar. En Canarias estamos acostumbrados”. En ese sentido, espera que la semana que viene se atienda a su petición de ayuda para atender a los menores no acompañados: “No podemos garantizar los derechos de los niños, que hay que verlos bajar después de seis días de una patera y abrazarse a las voluntarias de Cruz Roja. La gestión de las CCAA ha fracasado y ahí es donde necesitamos que el Estado actúe”.
Clavijo se reunió ayer con el papa Francisco en Roma y califica el encuentro como fantástico: “Fue fantástico, por el conocimiento que tiene su santidad de la situación. Por la humildad y la bondad de agradecer a Canarias por esa acogida digna. Tenemos el consuelo de que esta visita sitúe la ruta atlántica para que se tomen decisiones”. Si no se actúa, concluye, 2024 será un año aún peor que el que acaba de terminar.
El secretario general del PCE en España y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha lamentado la "utilización del discurso migratorio con tintes xenófobos propios de la extrema derecha". En una entrevista en La Hora de La 1, Santiago ha abogado porque las comunidades tengan competencias en materia migratoria, pero las ha circunscrito a lo que "tiene que ver con acogida, atención social e inserción sociolaboral". En este punto, ha subrayado que el control de fronteras es competencia en exclusiva del Estado y que "no se puede delegar".
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Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), explica en Las Mañanas de RNE la reunión que el sindicato ha mantenido con el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la transferencia de competencias en cuanto a la gestión de los inmigrantes que llegan a España. “El mero hecho de que se plantee la posibilidad de gestionar, aunque sea en parte, cuestiones como los permisos de residencia, puede dar lugar a una heterogeneidad que no vamos a consentir”, afirma Rodríguez, que insiste en que no van a permitir que se transfieran competencias “que afecten a la igualdad de los españoles”.
Rodríguez anuncia que desde el Sindicato van a estar vigilantes ante esta situación, y van a instar a las fuerzas parlamentarias a interponer un recurso de anticonstitucionalidad si observan que alguna eventual transferencia de competencias afecta al núcleo de competencias constitucionales. “La Constitución prevé que en materia de inmigración debe haber una homogeneidad en las cuestiones que afectan a los españoles”, justifica el portavoz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce en RNE que las votaciones ajustadas van a ser la normalidad de esta legislatura, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones del 23 de julio: “Tenemos que hacer del diálogo, de la negociación, el principal activo para poder alcanzar consensos”. Pone en valor que esa negociación está consiguiendo que partidos independentistas participen en la gobernabilidad de España: “En relación con Junts y ERC, estamos viviendo lo mismo que en la anterior legislatura, el mismo debate con Bildu. Creo que se les incorpore a Bildu, a ERC, a la democracia, a tener posiciones constructivas, es una extraordinaria noticia”. En todo caso, añade que no hay un pacto de Gobierno o legislatura con Junts y que no será fácil: “En un parlamento fragmentado, como el nuestro, lograr votaciones ajustadas en favor de la mayoría es el camino y la normalidad” En este contexto, reconoce que habrá negativas: “Habrá momentos en el que estemos en minoría, pero tendrán que explicarlo (...) Me comprometo a garantizar la estabilidad durante cuatro años. Voy a sudar la camiseta hasta la última gota porque creo que merece la pena”.
La siguiente gran negociación sobre la mesa es la de los PGE: “Estamos trabajando a tope (…) Pactar es sudar la camiseta para lograr conquistas y avances sociales: sin duda alguna. Lo dije en la campaña y lo repito: Buscaré votos debajo de las piedras”.
No confía en llegar a acuerdos con el PP y acusa a Feijóo de no tener las manos libres: “No tenemos un líder independiente. Es un partido que da lecciones de constitucionalismo pero que no se los aplica”. Sobre la afirmación de Feijóo de que podría haber un referéndum en Cataluña, contesta: “Lo que es una evidencia es que se hicieron dos referéndums con el PP. Desde que yo soy presidente eso no ha pasado y desde que soy presidente se respeta la Constitución”.
En RNE, el presidente del Gobierno confirma que se reunirá con Puigdemont y Junqueras, por “coherencia” pero niega haber mantenido ningún tipo de contacto con el que fuera presidente de la Generalitat durante estos meses: “No, porque no se dan las condiciones. Cuando se apruebe la Ley de Amnistía tengo que ser coherente y verme con él y con Junqueras”.
Defiende el acuerdo del pasado miércoles para transferir las competencias en materia de inmigración y añade que hablará sobre ello con el resto de CCAA: “Una vez que el pacto de migración y asilo está acordado, tenemos que revisar muchas de estas políticas para hacerlas más efectivas y solidarias. Hay materia en la podemos entendernos”.
Sánchez no se opone que la Comisión Europea actúe como mediador para renovar el CGPJ y confía en que finalmente podrá haber una renovación. “Si el PP quiere que la CE interceda, encantados. Hemos mostrado siempre una disposición total y absoluta. No tiene sentido que el CGPJ refleje todavía la mayoría absoluta de Raioy”.
Defiende la postura del Gobierno con la crisis de los pélets y espera alcanzar un acuerdo en las próximas semanas sobre el consumo de pornografía a través de internet por parte de los menores. En este marco, habla de “auténtica epidemia”.
Concluye anunciando que España valorará la petición de EEUU para España aporte algunos oficiales de enlace a la operación en el Mar Rojo, pero reitera que no habrá participación directa: “Somos un socio fiable y leal. Comprendemos que esta misión del mar rojo nada tiene que ver con la Atalanta y lo que queremos es estudiar esta misión”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado en RNE que la política de inmigración tiene tres aspectos y que el control de fronteras y la capacidad de expulsión es exclusivamente del Estado. Matiza que la integración de los migrantes y la política social corresponde a las comunidades autónomas en colaboración con la Administración central.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subraya en una entrevista al diario El País que la competencia para expulsar migrantes corresponde a la Administración Central y que en un estado autonómico la trasferencia de competencias no es un chantaje.
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El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado que se desconoce el pacto alcanzando entre Junts y el Gobierno sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración porque, ha asegurado, el Ejecutivo "no ha trasladado con claridad lo acordado".
En una entrevista en La Hora de La 1, ha lamentado que lo que se sepa sea solo a través de un comunicado del partido de Carles Puigdemont. Se ha referido así al pacto entre Junts y el Gobierno sobre la transferencia de competencias en materia migratoria a Cataluña, en el marco para lograr el aval a los decretos ley que se debatieron el miércoles.
FOTO: Miguel Tellado Filgueira, durante el pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado, del pasado miércoles. EFE/Rodrigo Jimenez
Más de 6600 personas perdieron la vida intentando alcanzar las costas españoles el año pasado. Según la organización Caminando Fronteras, en 2023 el número de muertos en estas travesías casi se triplicó. La ruta canaria es ya la que se cobra más vidas.
