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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Argel (Argelia) para reforzar la estrategia de cooperación entre ambos países en la lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia organizada. El objetivo del viaje es también mejrar la cooperación entre España y Argelia en ámbitos como la protección civil, la formación policial o la seguridad vial. Durante su visita Marlaska mantendrá reuniones con el presidente del país, Abdelmadjid Tebboune; con el ministro del Interior, las Colectividades locales y Planificació Territorial, Kamel Beldjoud; y con el ministro de Exteriores, Sabri Boukadoum. Es el tercer viaje de Marlaska a Argelia desde junio de 2018.

Cerca de un centenar de vecinos de Tunte, la capital del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han montado barricadas en una de las calles del pueblo para oponerse a que se traslade a su antigua residencia escolar a un grupo de inmigrantes en cuarentena por coronavirus.

Decenas de vecinos de este pueblo, de 596 habitantes, han llegado a cortar la calle que da acceso a la residencia con contenedores de basura, depósitos de reciclaje de cartón y vidrio, ramas y restos de poda.

La concentración se ha convocado a través de redes sociales, mensajes y llamadas telefónicas, después de que llegara a la localidad la noticia de que la Delegación del Gobierno iba a trasladar allí a ungrupo de inmigrantes subsaharianos en cuarentena que llegaron a la isla hace tres días, el pasado domingo.

Varios temporeros se han escapado esta mañana del Ferial de Albacete (IFAB) en el que se encontraban confinados por un brote de coronavirus. Los inmigrantes reclamaban que se pusiera fin a su aislamiento "porque necesitan trabajar y enviar dinero a sus familiares". La policía ha tenido que intervenir para calmar la tensión y las autoridades han pactado con ellos, finalmente, una alternativa para que esa cuarentena pueda prolongarse en otras condiciones.

Informa Ámparo Álvarez

La hermana de Eleazar, el jornalero que murió de un golpe de calor tras extenuantes jornadas a más de 40 grados y que fue abandonado en un centro de salud en Lorca, reclama justicia mientras recuerda que su hermano le llamaba cada día llorando, harto de las humillaciones que recibía en el trabajo. "Quiero que la muerte de mi hermano sea la voz de muchos emigrantes que pasan muchas historias horribles".

Informa Isabel Sánchez

Pau Abad es periodista y a la vez cooperante que trabaja con varias ONG en la isla griega de Lesbos. Hablamos con él en el Diario 24 horas fin de semana de RNE Diario 24 horas fin de semana de RNE porque este domingo era el día en el que los campamentos de refugiados de las islas griegas iban a dejar de estar confinados, pero el Gobierno griego ha decidido prorrogar hasta el 31 de agosto ante el aumento de casos positivos de coronavirus en todo el país, pero con un trato totalmente diferentes en esos campamentos a el que reciben los residentes nacionales. Médicos Sin Fronteras reiteradamente está denunciando las condiciones en las que están miles de personas - unas 30 mil - que viven hacinadas y que con esta medida empeoran sus condiciones. MSF ha llegado a cerrar por ejemplo su centro de aislamiento en Moira por las presiones del gobierno. "La situación es desesperante, es frustrante. Todas las personas que llegan a los campamentos de Lesbos llegan con muchos sueños en la cabeza de llegar a Europa, a este u otro país, pero de repente solamente tienen un único sueño que es el de salir del campo de refugiados de Moría, que bueno, es una mezcla de injusticias, de miedos, de condiciones inhumanas a nivel de higiene, a nivel de vivienda y luego toda la situación de criminalidad que se vive también dentro del campo. El miedo que se siente dentro es respirar inseguridad por todas las partes del campo de refugiados, además obviamente de todos los recursos que les faltan a estas personas".

El campo de refugiados de Moría se confinó a mediados de marzo. Había controles estrictos en las carreteras de acceso y los refugiados solo podían salir, por ejemplo, si tenían una cita con el hospital "pero no podían acceder a los supermercados como si podían acceder los residentes griegos de lesbos, tampoco podían ir a un cajero automático a retirar dinero, porque ellos reciben como 90 euros al mes por persona para poder vivir".  Tal fue el problema que se instaló, aunque con retraso un cajero automático en el propio campo, para que pudieran adquirir lo esencial para su mantenimiento. Y luego el otro miedo "que cualquier caso positivos que se registrase en el campo pues podía ser una bomba de relojería".

La Delegación del Gobierno trata realojar a los 120 inmigrantes confinado para pasar la cuarentena en la zona cartagenera de Escombreras, en la Región de Murcia. Forman parte de un total de 450 personas que llegaron en pateras y de los que 34 dieron positivo. Siguen buscando a las diez pesonas que se fugaron de ese alojamiento la noche del martes.

Las ONG reclaman soluciones urgentes para unas mujeres que quedaron totalmente desprotegidas durante el estado de alarma. La mayoría de ellas proceden de Venzuela, explica la fiscal de extranjería, Beatriz Sánchez.

El confinamiento también ha traído grandes problemas a las personas víctimas de trata de explotación laboral. La paralización industrial y agrícola ha provocado que apenas puedan subsistir.

Informa Araceli Sánchez

En una carpa ubicada en el barrio alicantino de Campoamor se encuentran 75 de los 79 inmigrantes llegados en patera este fin de semana a la provincia de Alicante. Los cuatro positivos por coronavirus están en el hospital. El resto guardan cuarentena en un campamento provisional. Algo que, según los vecinos genera problemas. Delegación de Gobierno y Generalitat se responsablizan mutuamente. Mónica Oltra, consellera de Inclusión, afirma que los seis primeros meses desde que llegan a nuestro país competen al Gobierno español. Cruz Roja, encargada de gestionar las llegadas en patera de migrantes, no facilita datos sobre cómo van a continuar las gestiones. De momento, el calor y la sitiuación sanitaria no ayudan a encontrar la solución.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado un auto que confirma el archivo de la causa para los 16 guardias civiles que habían sido denunciados por varias organizaciones no gubernamentales por su presunta implicación en la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta. Según el auto, el uso del material antidisturbios empleado ese día por los guardias fue "adecuado y proporcional" a las circunstancias y a lo permitido. La Audiencia sostiene que no hay una prueba indiciaria que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones. La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta archivó a finales de octubre de 2019 la causa contra los agentes acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio por la muerte de los inmigrantes que trataban de acceder a Ceuta. La Audiencia ordena el sobreseimiento libre sin posibilidad de que continúe la causa por los trámites del procedimiento abreviado y aclara que contra este auto puede presentarse recurso de casación por infracción de ley en el plazo de cinco días. 

El Gobierno regional ha pedido a la Delegación del Gobierno en Murcia que disponga de los alojamientos necesarios para asegurar el aislamiento de los 418 inmigrantes que han llegado a bordo de 31 pateras a la costa murciana. En concreto, sugiere que sean internados en la Escuela de Infantería o en cualquier otra infraestructura similar. La mayoría de los inmigrantes son varones adultos de nacionalidad argelina.

El incendio ha arrasado buena parte de un campamento de unos 400 temporeros en Lepe y la mitad de ellos lo han perdido todo. Un centenar de personas se han manifestado en la localidad para protestar por la situación en la que viven los temporeros migrantes.

Informa Reyes Calvillo