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El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido esta subida para los trabajadores de las administraciones y servicios públicos para reconocer su trabajo, "imprescindible" en estos meses por la pandemia de COVID-19. El Ejecutivo, con este anteproyecto de la Ley de Presupuestos, también querrá sacar adelante la oferta definitiva de empleo público, mayor que su última propuesta: más de 28.000 plazas, 9.000 de ellas son de promoción interna, la cifra más alta de la historia. No obstante, esto no convence a los sindicatos, que alertan de falta de interlocución y no descartan movilizaciones, como han afirmado desde CSIF. También habrá cambios en las pensiones, pero favorecerán a las empresas.

El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye una subida del 0,9 por ciento para los empleados públicos. Es uno de los puntos de un acuerdo que todavía está por cerrar entre los socios de Gobierno, aunque se espera que quede aprobado mañana en el Consejo de Ministros. El sindicato CSIF considera insuficiente esta subida y rechaza la oferta de empleo público planteada por el Gobierno, más 18.000 puestos, y pide una mayor. Informa Raquel García.

Gobierno y sindicatos retoman las negociaciones sobre la Oferta Pública de Empleo, Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que exigen al ejecutivo que negocie porque los fncionarios han perdido poder adquitivo. Los médicos en concreto han perdido 53.000 euros en la última década. "Se ha trabajado 15 meses gratis". Nuestro país, apunta, tiene tres camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, Alemania ocho y el gasto sanitario es 2.200 euros frente a 4.000.

La pandemia del coronavirus ha animado a muchas personas a buscar más seguridad laboral en la administración pública. Sin embargo, miles de opositores han visto cómo sus exámenes se retrasan sin fecha a la vista. Otros ni siquiera han podido incorporarse a sus plazas, pese a haber aprobado. Solo en el ámbito de la Justicia, unas 10.000 personas esperan desde hace tres meses sus notas o la incorporación a sus puestos de trabajo. [Coronavirus: última hora en directo

Los más de 3 millones de empleados públicos entre funcionarios y personal laboral tendrán derecho a teletrabajar más allá de la pandemia, aunque el trabajo remoto no deberá ocupar todas las horas laborables. Es el acuerdo al que han llegado Gobierno y sindicatos para regular el teletrabajo, aunque siguen negociando para el ámbito privado. El ratio de horas deberá negociarse con cada administración y tendrá en cuenta que no todos los trabajos son iguales. Se regulará como un derecho básico y se consolida como algo estable y no puntual a causa de la pandemia. El acuerdo se firmará el lunes y es probable que se lleve al Consejo de Ministros el martes. Informa Usua Irastorza.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha denunciado en el informativo 24 horas de Radio Nacional los "mensajes contradictorias" que se envían desde el Gobierno al respecto de la posible congelación del sueldo de los empleados públicos: "Hemos ido acumulando recortes y congelamientos en nuestras nóminas año tras año. En su inmensa mayoría, han sido los empleados públicos los que han luchado y siguen luchando contra la pandemia y es una falta de respeto". "Que digan que hemos recuperado poder adquisitivo es para quedarnos con cara de extraordinaria sorpresa", ha añadido Borra, que explica que no se puede mirar año a año porque todavía no se han recuperado del gran recorte sufrido en 2010: "Luego nos extrañamos cuando vamos a buscar gente para contratarla y nadie quiere trabajar por el sector público por sus exiguos sueldos".

La ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero no han cerrado la puerta a que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una congelación del sueldo de los funcionarios. Aseguran que, debido al bajo nivel de los precios, los empleados públicos no perderían poder adquisitivo. Sin embargo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que esa congelación no está sobre la mesa.

Los sindiciatos CSIF y UGT y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública han llegado a un acuerdo para que los funcionarios de la Administración General del Estado al cuidado de menores de 14 y dependientes puedan teletrabajar hasta cuatro días a la semana hasta que termine la crisis sanitaria. La resolución entrará en vigor a partir del próximo día 21 de junio y será "voluntaria y reversible". 

Informa Guillermo Hernández

María Fernández, administrativa del Servicio Público de Empleo y delegada del sindicato CSIF, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que hay mucha gente que aún no ha cobrado el ERTE y que temen que acuda a pedir explicaciones cuando abran las oficinas. “Tenemos miedo a abrir antes de que el dinero llegue a todas las familias porque yo he recibido insultos, cuando salimos hacia nuestra casa tenemos que salir corriendo, pegan golpes en los cristales”, ha asegurado Fernández. “Si abrimos es normal que la gente venga a agolparse a las oficinas porque muchos no tienen para comer; yo como madre, lo entiendo, si no tengo para dar de comer a mis hijos y alguien tiene mi dinero voy a buscarlo como sea. La desesperación provoca situaciones complicadas y puede pasar algo que nadie quiere que pase”, ha recalcado.

Fernández ha asegurado que los empleados del SEPE están desbordados por la avalancha de solicitudes que tienen que atender. “De un día para otros cuatro millones de personas se vieron inmersas en un ERTE y nuestra plantilla era de 6.000 funcionarios. Es imposible gestionar esa cantidad de expedientes”, ha dicho Fernández. “En mi oficina de Baleares trabajamos cinco personas y recibimos más de 150 solicitudes por día. Es inviable, el colapso va a seguir durante meses”, ha insistido.

Entre el 30 y el 40 % de los funcionarios de Justicia se incorporan a sus puestos en toda España, también en territorios que siguen en Fase 0 por la pandemia de coronavirus. Los sindicatos de la función pública critican que no se cumplen las medidas de distanciamiento social, protección e higiene en el trabajo, además ponen en duda las garantías procesales de los juicios telemáticos.