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El traspaso de la gestión de las cárceles al País Vasco ha suscitado las críticas de PP, Vox y Ciudadanos. El Gobierno cree que estas declaraciones son un intento de distorsionar la realidad en un contexto electoral. Por su parte, el PP presentará una proposición para aumentar los controles para el acercamiento de presos de ETA. El traspaso se ratificará el 10 de Mayo y desde octubre la gestión de las tres cárceles del País Vasco quedará en manos del ejecutivo autonómico.

Foto: El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi (EFE/David Aguilar)

PP, Vox y Ciudadanos han criticado el traspaso, anunciado este viernes por el Gobierno, al País Vasco de la gestión de las tres cárceles de la comunidad autónoma. Fuentes de Moncloa señalan que el traspaso es solo de la gestión y no de la política penitenciaria y creen que esas declaraciones son un intento de distorsionar la realidad, en un contexto electoral.

Foto: El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi (EFE/David Aguilar)

Xavier Sardà y el señor Casamajor charlan con el vicelehendakari Ramón Jáuregui, que habla sobre las conversaciones que mantienen en Argel miembros del Gobierno español con la banda terrorista ETA.

Gaizka Fernández Soldevilla trabaja en el departamento de archivo, investigación y documentación de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Esta institución, junto con la Universidad del País Vasco y el Instituto de Historia San Valentín de Foronda acaban de alcanzar un hito: la publicación del primer volumen de los tres que va a contener 'Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco'. "Es nuestro proyecto más ambicioso, con muchos investigadores y mucho trabajo", asegura. Para elaborarlo han contado con una mezcla de memoria y documentos. "La memoria debe ser un elemento que conforme la historia. El historiador tiene acceso a datos y a la memoria. El testimonio siempre hay que contrastarlo con fuentes. Es un elemento más de un estudio serio", ha dicho en Las mañanas de RNE.

Ya están traduciendo al inglés y francés algunos documentos. "Hay mucha historiografía sobre la Guerra Civil, pero no sobre ETA." Han contado con el testimonio de algunas víctimas, a las que agradece que se pongan delante de una cámara a contar su historia. "Hay víctimas que no quieren hablar, pero las que sí quieren hablar, hay que valorar su sacrificio. Los hemos grabado en vídeo. Te están contando su verdad profunda y dolorosa y haciendo un acto de valentía y generosidad que apreciamos." Y agradece el apoyo de los ayuntamientos vascos. "Han puesto todo tipo de facilidades. Las sentencias también han sido fáciles de conseguir", cuenta.

Estos días hay una reivindicación del parlamento de Navarra y del ayuntamiento de San Sebastián para que se conozca la autoría de la muerte de Mikel Zabalza, un vecino de Orbaiceta, al que se le vinculó con ETA. "Hay que reconocer a todas las víctimas, todas las violencias fueron injustas y todo tiene que ser resuelto. Solo así podemos llegar a una convivencia mucho mejor", concluye. Mañana se presenta en Bilbao.

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jáuregui, asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.

“Todo el mundo merece una segunda oportunidad” ha declarado en 24 horas de RNE al ser preguntada por las razones para sentarse frente al asesino de su marido. También ha señalado que los terroristas tienen que cumplir condena “cerca de sus familiares”: “Ahora que no existe ETA no tiene sentido que los presos estén lejos del País Vasco, no es más que cumplir la ley”. Lasa ha defendido que la Ley de Victimas del Gobierno vasco “debería servir para todas las víctimas del terrorismo, no solo para las víctimas de ETA” y ha considerado que las diferencias entre las asociaciones de víctimas del terrorismo son “solucionables con voluntad política”: “No sé por qué se niega ese reconocimiento a personas que está demostrado que son víctimas”.

Cuando se cumplen 17 años de los atentados del 11 de marzo, tres víctimas analizan en RNE la importancia de un día como el de hoy, ‘Día Europeo de las víctimas del terrorismo’Marta Buesa y José Ignacio Ustarán, hijos de asesinados de ETA, y Alejandro Benito, hermano de uno de los fallecidos del ‘11M’, defienden que “recordar es sostener la memoria de los que no están”. Las familias Buesa y Benito han constituido fundaciones para mantener vivo el legado de sus seres queridos. En el caso de José Ignacio Ustarán, trabajan para que se identifique y detenga a los etarras que lo mataron en 1980. “Vivimos en la esperanza de que se pueda hacer justicia. Ha sido duro, pero es gratificante saber que ahora la Guardia Civil está investigando lo que ocurrió”, ha dicho su hijo en ‘Las mañanas de RNE’.

Los tres están de acuerdo en que nuestra sociedad ha avanzado en la protección y el reconocimiento de las víctimas, pero creen que hay que seguir explicando lo que ocurrió y deslegitimando todos aquellos discursos que puedan intentar justificar a los asesinos. Concluyen que los políticos deben recordar que ningún partido puede poner voz a sus sentimientos. Reivindican que las víctimas son y serán siempre un ejemplo porque nunca han acudido a la venganza.

El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha criticado la destrucción de las armas de ETA y ha interpelado así al ministro del Interior: "Sucia e indigna la manipulación que acaba de hacer de la intervención de la Sra. Jímenez-Becerril a la que debe un mínimo respeto (...) ¡Basta ya de ministros miserables! ¡Basta ya de Gobierno miserable!". En su respuesta en el Congreso, Grande Marlaska le ha recordado que cuando era portavoz de Interior del PP abogaba por acercar los presos etarras para allanar la negociación y Aznar hablaba de "movimiento nacional de liberación vasco".

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha señalado en La Noche en el Canal 24 Horas que "el Estado no ha derrotado a ETA. Ha dejado de matar porque se le han concedido sus exigencias" y sobre el acto simbólico de destrucción de algunas de las armas utilizadas por la banda terrorista ha indicado que "no es algo agradable ver cómo destruyen las armas con las que mataron o hirieron a nuestros familiares".

Ordóñez ha insistido en que desde COVITE llevan denunciando que "el final de ETA es un final pactado por Zapatero y Rajoy lo cumplió". "A ETA no se le ha derrotado. Tenemos la mitad de las víctimas sin justicia, nadie ha pagado por esos crimines, nos vamos a alegrar hoy de ver como se destruyen las que podían ser pruebas con las que se asesinaron", ha agregado.

Por otro lado, la presidenta de COVITE ha defendido que con este acto se ha visto que el estado de derecho ha fracasado: "Nosotros lo que vemos en el acto de hoy es el fracaso rotundo del estado de derecho, en el que muchas víctimas han quedado sin justicia. ¿Alguien ha visto en este país la operación policial para disolver la banda terrorista? Hay al menos cuarenta etarras fugados de la justicia. ¿Desde cuándo una organización criminal se autodisuelve y no se detiene a nadie? Vemos todos los días que se desarticulan bandas criminales y sale la foto deteniendo a todos los miembros que quedan, ¿dónde está esa foto de ETA?"

Este jueves se ha escenificado de forma simbólica la destruccción de más de 1.300 armas utilizadas por grupos terroristas. Son armas incautadas desde 1977 a comandos de los GRAPO, pero sobre todo de ETA. Cuando los etarras salían de Francia se les entregaba el conocido como kit del terrorista: papeles falsos, algo de dinero y el arma más adecuada para el tipo de atentado que cometerían. TVE ha estado en el almacén donde las guardan. Hay pistolas, revólveres, fusiles de asalto y ametralladoras. Estos más de 2.000 kg de metal quedarán reducidos a una barra de hierro tras su fundición. Foto: EFE/Chema Moya

El Ejecutivo ha escenificado la primera destrucción pública y simbólica de casi 1.400 armas incautadas desde 1977 a comandos terroristas, en su mayoría de ETA. Un acto al que no ha asistido ningún líder de la oposición ni los expresidentes del Gobierno ni las asociaciones de víctimas Dignidad y Justicia y Covite, todos ellos invitados, como tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso. Foto: MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA Y FERNANDO CALVO