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A horas del arranque de la cita olímpica, los Juegos de Invierno de Pekín ya han hecho historia: serán los primeros en emplear un 100% de nieve artificial. Parte de las pruebas se desarrollan en Zhangjiakou, una zona muy próxima al desierto del Gobi, y una de las áreas más secas del país. Para adecuar el espacio al gran evento deportivo, China ha realizado una inversión millonaria y ha consumido multitud de recursos públicos.

Entre ellos, 350 cañones de nieve, que necesitan grandes cantidades de energía y 185 millones de litros de agua para funcionar. En total, la inversión asciende a unos 90 millones de dólares para crear y mantener las instalaciones. Los organizadores del evento y las propias autoridades chinas ya han salido al paso de la polémica e insisten en que los juegos son ecológicos y sostenibles.

España considera que la decisión de Bruselas de clasificar a la nuclear y al gas como energías contra el cambio climático desviaría fondos en inversiones que podrían estar destinados exclusivamente a energías renovables. La industria del gas y de la energía nuclear, en cambio, aplauden que se les coloque la etiqueta verde propuesta por Europa. Sin embargo, incluso algunos expertos consultados por la propia comisión consideran que ni las centrales de gas ni las nucleares son verdes 100 %.

Polémica en el parlamento andaluz por una propuesta para regular los regadíos ilegales en el entorno de Doñana. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han hecho una propuesta que ha recibido críticas de la oposición, de la Confederación del Guadalquivir y de los grupos ecologistas.

Más de 1.400 hectáreas de plantaciones que fueron declaradas ilegales hace siete años se legalizarían si se aprueba esta proposición de ley. Desde el PP andaluz aseguran que los agricultores beneficiados no estarían autorizados a obtener agua del subsuelo. Pero los ecologistas denuncian que los pozos ilegales funcionan con impunidad desde hace años y que esta modificación consolida este expolio a Doñana.

Según los investigadores, en el último año 1.560 millones de mascarillas sanitarias acabaron en los mares, dentro de 8.4 millones de toneladas de desperdicios generados con la COVID-19. Un problema ecológico que pone en peligro la supervivencia de muchas especies animales.