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El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, pide "suprimir el derroche autonómico, símbolo de divisiones entre españoles, que produce duplicidades, asfixia con trabas, reglamentos y con el 3% de corrupcion inherente a algunos dirigentes locales". Al defender su moción de censura, asegura que "pone en peligro el Estado del bienestar" y por ello, proponen "superar el estado autonómico y mientras no sea posible, la devolucion de competencias, la recuperacion del mercado unico nacional y suprimir subvenciones".

El presidente Pedro Sánchez ha garantizado el apoyo del Gobierno español si las comunidades piden el toque de queda. Preguntado por la posibilidad de implantar esta medida, que requeriría de un estado de alarma general, Sánchez ha señalado que antes debe sustanciar esta petición la Comunidad de Madrid, para poder debatirla en el Consejo Interterritorial del jueves entre todas las comunidades y ciudades autónomas. "Lo primero hay que saber si la Comunidad de Madrid oficialmente nos esta pidiendo o no el toque de queda. A partir de ahí, cualquier gobierno autonómico siempre va a contar con el apoyo total del Gobierno de España", ha declarado el jefe del Ejecutivo español, que este martes se ha reunido con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte en un encuentro bilateral entre ambos países.

Las corrientes de aire de forma continúa son esenciales para evitar la propagación de la COVID-19 en los centros escolares. Por ese motivo, la Universidad de Burgos llevó a cabo un estudio del que se desprende que la calidad del aire en el interior de los colegios es inadecuada y su ventilación insuficiente. El alumnado pasa más del 80 % de la jornada lectiva con altas concentraciones de CO2 y malas condiciones de humedad y temperatura; esta última llega a subir cinco grados durante todo el día. Los purificadores de aire son una buena alternativa para no tener las ventanas abiertas, aunque no sustituyen a una corriente tradicional. [Coronavirus: última hora en directo

Las cifras de mortalidad en nuestro país han vuelto a crecer. Desde el 28 julio, según el Instituto Carlos III, hay una desviación de 6.400 fallecidos con respecto a los últimos 10 años, 5.339 de ellos son pacientes de COVID-19. Los datos son significativamente altos en algunas comunidades. Según el instituto madrileño, hay un exceso de mortalidad debido a la situación de crisis sanitaria y por sus consecuencias. Un tercio de los fallecidos, entre 10.000 y 15.000 de ellos, habrían muerto por causas no COVID debido a la falta de atención. En los últimos días, el defensor del paciente ha llevado a juicio al menos 4 casos de muertes por cáncer por falta de atención médica. Informa Juan Luis Merino.

Cada vez más comunidades autónomas están proponiendo este planteamiento para contener el avance de la COVID-19 en sus distintos territorios. Por ejemplo, en Castilla y León se unirá en las próximas horas Salamanca, que sigue los pasos de Palencia y León.  Por otro lado, Carcastillo y Cadreita (Navarra) también pasarán a estar aislados perimetralmente, algo de lo que de momento se libra Pamplona.  En Extremadura, la Junta ha adoptado por aislar a dos zonas de salud que engloban a un total de 12 municipios. Y, mientras en otros puntos salen de las restricciones, en otros se pide que las apliquen de forma voluntaria como en Tragacete (Cuenca). [Coronavirus: última hora en directo

Restricciones comunes para situaciones comunes. Es la clave de la reforma del Plan de Actuación Temprana contra la COVID-19,  una guía de criterios única para todas las comunidades que el Gobierno prevé publicar la próxima semana.  Según el borrador al que ha tenido acceso Televisión Española, Sanidad divide los indicadores en dos: los epidemiológicos y los asistenciales. Según se superen esos indicadores, se proponen cuatro niveles de alerta. Los tres primeros reducen gradualmente los aforos en hostelería, transporte público o comercio. También, se limitan contactos en residencias, centros educativos o lugares de trabajo. En el último peldaño, el cuarto nivel, se incluyen además limitaciones a la movilidad.

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El Ministerio ultima una reforma de su plan de respuesta con baremos y medidas comunes para todas las comunidades. En ese documento se fijarán cuatro niveles de alerta en base a una serie de indicadores y en función de cada escenario se establecerían medidas mínimas.

Los niveles serán bajo, medio, alto y extremo. Este último se pondría en marcha a partir de 250 casos de incidencia acumulada. Ahora España tiene una media de 260. Además, para entrar en este nivel extremo, el índice de pruebas positivas debe ser del 15 por ciento y 20 de cada 100 camas de hospital tienen que estar ocupadas por pacientes covid. El protocolo rebaja estas cifras en colectivos vulnerables como los mayores de 65 años hasta los 150 casos.

Este borrador será perfilado esta tarde por la Comisión de Salud Pública para elevarlo posteriormente al Consejo Interterritorial de Salud. Las comunidades autónomas deberían cumplir las medidas acordadas en función de la evolución de la enfermedad y la carga asistencial en su territorio. Informa Begoña Sanz.

En varias comunidades autónomas se han interpuesto denuncias por las muertes de ancianos en residencias. Madrid es la que más demandas acumula. La Fiscalía no ve delito en la actuación de las residencias madrileñas ni de sus profesionales y acaba de archivar el primer caso y prevé aplicar el mismo criterio con otro medio centenar. La Fiscalía cree que las residencias actuaron de acuerdo a las normas vigentes en el momento y que hicieron todo lo que pudieron con los materiales con los que contaban en ese momento. Ahora mismo hay abiertas alrededor de 50 diligencias, por lo que el criterio general será archivarlas. Lo cuenta Fernando Cardenal. En el informativo 14 horas de Radio Nacional hablamos con Carlos Sardinero, letrado de la asociación 'El defensor del paciente'. Desde la asociación esperaban la valoración de la Fiscalía pero afirman que no alcanzan "a comprender por qué la Fiscalía pide la inadmisión de querellas que han quedado sin estudio, cuando debería ser quién impulsara la investigación" y abogan por estudiar en profundidad qué ha sucedido que cada uno de los casos que han llegado a sus despachos. "El principal problema es que se están presentando querellas multitudinarias, con un gran número de afectados. Se agrupan pensando que así hacen más fuerza pero no es así. El juez así no puede descender al caso concreto y entra a valorar la actividad de la residencia o de los responsables de las comunidades autónomas de una forma muy global. Se valora en conjunto y se rechaza en grupo", explica Sardinero.

En plena crisis del coronavirusla Atención Primaria ha dado la voz de alarma por su situación. En Cataluña ha comenzado una huelga de médicos de cuatro días para pedir más personal y mejoras salariales...En otras comunidades como Andalucía o Valencia, los sanitarios se han concentrado para exigir también aumento de plantillas. Están, dicen, desbordados.

Este domingo 14 comunidades autónomas han actualizado sus datos sobre la pandemia, no lo hacen en fin de semana Madrid, Aragón, Castilla- La Mancha y Valencia. Con los datos parciales se sabe que han fallecido 48 personas por coronavirus, 14 de ellas en Castilla y León, 13 en Cataluña, 6 en Andalucía, 4 en Galicia y en Navarra, dos en Murcia, Extremadura, Baleares y Canarias. A lo largo del fin de semana el total de muertes ha sido de 110 personas. Los positivos suben a 7839 este domingo, son casi mil más los que se suman en las últimas horas, Cataluña es la que más contagios reporta, le sigue Andalucía que aunque está por encima de los 1000 positivos, informa de una reducción importante por encima de los 700 casos. Informa Jaime Díaz Laína

Sanidad se ha vuelto a reunir con las comunidades autónomas y se ha dado el primer paso responder a las demandas de los expertos: crear una evaluación independiente de lo que ha sido la gestión de la pandemia. El Consejo Interterritorial ha decidido crear un grupo de trabajo que definirá el marco para realizar esta evaluación independiente del Gobierno. Lo formará la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien lo va a presidir, y un representante de cada autonomía que determinaran objetivos, parámetros y todos los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo este análisis sobre las actuaciones realizadas durante la crisis y adoptar decisiones compartidas en el conjunto del sistema sanitario. Tienen un mes para este cometido. Informa Begoña Sanz.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la Administración Central asumirá "la mayor parte del coste de la lucha contra la pandemia" y pondrá recursos a disposición de las comunidades. "Vamos a aprobar dos transferencias sin precedentes: la primera por 18.396 millones para la Seguridad Social y 13.486 para las comunidades", ha señalado. "El estado asume 31.000 millones de déficit - ha resumido la portavoz - pone de relieve el compromiso con la sostenibilidad del sistema de pensiones".