La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves en la Asamblea de Madrid poner en marcha el registro de médicos objetores de conciencia tal y como le ha exigido el Ejecutivo central en una carta para garantizar el derecho al aborto, lo ha calificado como "lista negra" y ha avisado de que "nunca" lo va a hacer. "¡Váyanse a otro lado a abortar!", ha dicho en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tras la carta remitida a esta comunidad autónoma— y también a Aragón, Asturias y Baleares — dándole un plazo de tres meses para poner en marcha el registro que establece la ley del aborto.
Ayuso ha afirmado que el registro de objetores al aborto "pone en riesgo" artículos de la Constitución Española y ha advertido: "No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".
El Gobierno central anunció la semana pasada que propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna, a la que el PP cerró la puerta —dado que sus votos son imprescindibles para la mayoría necesaria — después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviase una carta a los presidentes de Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid e Islas Baleares instándoles a poner en marcha el registro de médicos objetores de conciencia.
Imagen: EFE/ Chema Moya
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves en la Asamblea de Madrid el registro de médicos objetores de conciencia impulsado desde el Ejecutivo central para garantizar el derecho al aborto. En el debate, ha instado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a que pregunte "a sus amigos de Hamas y el mundo musulmán qué opinan del aborto" y ha advertido que no va a "obligar" a "ningún médico de la Comunidad de Madrid a "actuar contra su conciencia y su libertad". También ha calificado la medida de "lista negra de médicos" que "nunca va a hacer". "No se va a señalar a ningún medico por practicar un aborto o por no querer practicarlo, no se va a señalar en la Comunidad de Madrid ¿le parece poco? pues váyanse a otro lado a abortar?, ha zanjado. Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la Asamblea de Madrid. EFE/ Chema Moya
En el informativo '24 Horas de RNE' hemos analizado los temas más candentes de la actualidad en la tertulia de políticos ‘juniors’. En la tertulia de este martes han intervenido Víctor Camino, diputado del PSOE por Valencia en el Congreso; Tesh Sidi, diputada de Más Madrid (Grupo Sumar) en el Congreso de los Diputados; Míriam García Navarro, senadora del PP por Albacete y Ana Balsera, diputada de ERC en el Parlament de Catalunya.
Los asuntos abordados en la tertulia han sido los dos años del ataque de Hamás en Israel, el aplazamiento de la aprobación del embargo de armas en el Congreso y el informe sobre la situación de los abortos en Madrid y Andalucía.
El Gobierno emplaza a varias comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Baleares y Madrid- a crear y regular el registro de personas objetoras para garantizar el derecho al aborto. "La ley es muy garantista", explica la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Permite el aborto y en todas las comunidades, de tal manera que en todas ellas haya, al menos, un hospital de referencia público en la provincia para que se puedan realizar esas interrupciones voluntarias del embarazo con todas las garantías de salud y de forma gratuita". Redondo confirma en Las mañanas de RNE que hay comunidades autónomas que incumplen "sistemáticamente" esa exigencia legal, como también el registro de objetores, que es un elemento esencial para hacer compatibles dos derechos: el de las mujeres a interrumpir su embarazo y el derecho de objeción de conciencia. Lo que se está haciendo es requerir a las comunidades autónomas para que cumplan con los requisitos legales".
"No se está cumpliendo la ley de interrupción voluntarias del embarazo. Hay muchas mujeres que tienen dificultades. Se trata de homologar el derecho y agilizar el desarrollo de esa ley, que a fecha de hoy todavía necesita un impulso", reconoce la ministra. "Hay dos derechos en juego, el de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo y por otro lado, el derecho de objeción de conciencia, que es un derecho constitucional. Tenemos que hacerlos conciliables, compatibles, de eso es de lo que se trata. Las mujeres tienen que poder ejercer su derechos en condiciones legales", insiste Redondo.
Sobre recoger el derecho al aborto como un derecho constitucional, la ministra afirma que "es el momento de dar un paso más y de garantizar ese derecho en la Constitución": "Incorporémoslo al texto constitucional. Para evitar que en un futuro haya gobiernos que quieran arrebatarnos a las mujeres ese derecho. Vamos a blindarlo en la Constitución. Seguramente el PP ahí tenga un dilema político, moral, pero tendrá que aclararse y dar un paso", añade.
Sobre la polémica de las pulseras telemáticas, la ministra asegura que desde el Ministerio se trabaja a diario que que "esa situación se minimice y las mujeres puedan vivir en libertad y seguridad". Con "este revuelo que se ha generado", añade "se ha creado una situación de miedo y angustia" que no se corresponde con la realidad. "En todo momento los problemas que se plantearon en la transición entre contratos... Esa transición es la que hemos estado tutorizando, monitorizando, para que se generaran los menos problemas posibles". Entrevista completa en RNE Audio.
El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de modificar la Constitución para que recoja el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el informativo '24 Horas de RNE' hablamos con Itzíar Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. "La ley que tenemos en España es muy buena, pero las políticas públicas, que son más competencia de las comunidades autónomas, dificultan en muchas de ellas el ejercicio del derecho. Por eso, llevarlo al texto constitucional supone elevar la consideración y ponerlo al mismo nivel que otros, como el de la libertad religiosa".
Gómez nos explica cómo se podría blindar este derecho en la Carta Magna. "Sería más fácil modificar la Constitución si metiéramos el derecho entre los principios rectores, pero esta no es la mejor opción. Si quisiéramos incluirlo entre los derechos fundamentales, sería necesaria una reforma que llamamos agravada de la Constitución". La profesora de Derecho Constitucional asegura que colocar un derecho entre los principios rectores "no garantiza en absoluto que se movilicen las políticas públicas suficientes". Apunta que tenemos un bloqueo de muchos hospitales públicos para poder abortar y explica que el Ministerio de Sanidad no tiene datos suficientes: "Si esto sirve para que el Gobierno se movilice y recupere los datos que necesitamos valdría al menos para eso".
El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de modificar la Constitución para que recoja el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es un derecho recogido por una ley avalada por el Tribunal Constitucional. Nos hemos preguntado qué diferencias legales supondría que ese derecho estuviera recogido en la Constitución.
De salir adelante esta modificación de la Carta Magna, que sería la cuarta desde 1978, España se convertiría en el segundo Estado del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.
Foto: EFE/ J.J. Guillén
El presidente del Gobierno propone modificar la Constitución para blindar el derecho al aborto. La medida llega tras la polémica por la iniciativa de PP y Vox en Madrid, que pretendía dar información a las mujeres sobre un supuesto "síndrome postaborto" del que no hay evidencia científica.
El Gobierno de España propondrá próximamente una reforma de la Constitución en la que se incluirá el derecho al aborto. El anuncio se conoció a primera hora de este viernes en un mensaje publicado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en sus redes sociales. En caso de que esta reforma saliera adelante, España se convertiría en el segundo país del mundo en reconocerlo. Sobre esta nueva incorporación a la Carta Magna, hemos hablado en Las Mañanas de RNE con la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Ana Carmona.
La catedrática ha explicado que esta reforma "solo será viable si se cumplen los requisitos que establece la Constitución para abordar una modificación de estas características", que requerirá una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, algo que Carmona ha considerado "bastante dudoso que se pudiera alcanzar". La experta ha detallado que la reforma de la Carta Magna "afectaría al artículo 15, en el que se reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral". "Una vez terminado ese procedimiento, la última palabra la tendría la ciudadanía en un referéndum cuya celebración, dice la Constitución, es obligatoria y su resultado vinculante", ha concluido Ana Carmona.
El Gobierno anuncia que propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución para "consagrar la libertad y autonomía de las mujeres". El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, cree que esta medida forma parte de una "cortina de humo" que intenta llevar a cabo Pedro Sánchez para "tapar sus problemas de corrupción, en este caso la situación de su mujer en los juzgados". El vicesecretario general de Economía del PP afirma en una entrevista en Las mañanas de RNE que, con relación a las mujeres y al Gobierno, la Ley del 'Solo sí es sí' o el caso de las pulseras telemáticas "las desprotegen" y "los casos de prostitución" muestran poco respeto hacia ellas. Bravo añade Sánchez "lo único que busca es confrontar" y que el PP no va a utilizar el tema del aborto para ello: "Hay que ser tremendamente respetuosos. Si hay otros partidos que deciden utilizarlo, es su decisión".
"Hoy una mujer que voluntariamente tenga que tomar la decisión de abortar lo puede hacer. Nuestra obligación es acompañar a esas personas en todo momento y darles todo nuestro apoyo e intentar proteger en la medida de lo posible", añade el popular.
El vicesecretario general de Economía del PP reconoce que le llama "cuanto menos la atención" cuando escucha al Gobierno "presumir" de datos económicos y que "hay una macro que no baja a la micro". "A pesar de que el Gobierno hable del crecimiento del PIB, la gente le pregunta o se preocupa por su día a día, por su poder adquisitivo y la situación de la economía", añade Bravo y que lamenta que el Ejecutivo está "endeudando a generaciones futuras", con más impuestos y privándolas de oportunidades.
Respecto a las políticas de inmigración, Bravo defiende el "planteamiento sensato" del Partido Popular. "El PSOE dice que aquí entre todo el mundo, Vox dice que aquí no entre nadie. Tenemos que ser un país que reciba gente, siempre y cuando venga a aportar, venga a trabajar. Le ofrezcamos un proyecto de vida, que pueda desarrollar su familia". Entrevista completa en RNE Audio.
El alcalde de Madrid rectifica. Después de respaldar la polémica propuesta de Vox de informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto, el 'popular' José Luis Martínez Almeida reconoce ahora que no existe y que no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información.
El PP apoya el giro y el Gobierno los acusa de "sectarismo político y dogmatismo ideológico". En Vox aseguran que es necesario explicarle a las mujeres los efectos abortar, aunque admiten que realmente no saben si existe de verdad ese "síndrome postaborto".
Foto: Gabriel Luengas / Europa Press
