El obispo emérito de Cádiz, uno de los comparecientes hoy como investigado por el caso ERE
El obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos ha declarado hoy como investigado -antes imputado- en el caso de los ERE por un supuesto tráfico de influencias, y ha justificado que pidió "con buena voluntad" 300.000 euros a la Junta de Andalucía para salvar puestos de trabajo del geriátrico del Obispado gaditano.
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Tras una comparecencia de diez minutos ante la juez que investiga el caso, María Núñez Bolaños, el obispo emérito ha dicho a los periodistas que en 2009 pidió el dinero porque es "sensible con los puestos de trabajo".
"La ayuda se me concedió y di las gracias", ha explicado Ceballos antes de subrayar que los puestos de trabajo que defendió, con la petición de la ayuda, se están ejerciendo a la actualidad.
Ante la juez, el obispo emérito ha afirmado que pidió el dinero al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, a través de una carta porque así se lo dijeron desde la oficina del Arzobispado, que fue la que manejó los fondos aprobados.
Además de Ceballos, la juez ha citado en esta pieza de los ERE a tres exdirigentes políticos: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.
