El Ministerio de Medio Ambiente vuelve a pedir documentación para la DIA de la mina de Monesterio.
Es la quinta ocasión, la última el pasado jueves, que el Gobierno central solicita información complementaria a la empresa propietaria de la mina de níquel de Aguablanca, desde finales de año en manos de Sacyr. El proceso para la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) comenzó hace dos años, un requisito imprescindible para que la actividad minera vuelva a la zona de Monesterio en el caso de que sea favorable.
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La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, insiste en que una cuestión de carácter técnico retrasa la DIA de Aguablanca, y considera que el asunto "no debe ser fácil cuando hay otras declaraciones que han entrado más tarde y se han resuelto".
Los sindicatos CC.OO. y UGT critican este nuevo retraso. Sus líderes Julián Carretero y Patro Sánchez hablan de ninguneo al pueblo extremeño y a las más de 400 familias que han vivido de la mina. Carretero considera una "desverguenza" que la delegada eche la culpa a los técnicos, y Sánchez pide la dimisión de Cristina Herrera por no defender los intereses de Extremadura.
El Ayuntamiento de Monesterio considera que hay "oscuros intereses" en este asunto. Una vez Sacyr presente la nueva documentación, el Gobierno central tiene tres meses para pronunciarse sobre la DIA de Aguablanca. Si es favorable, la actividad minera a través de galerías volvería al sur de Badajoz.
