Comienzan las obras en los espigones de Ceuta tras destinar el Gobierno 45,3 millones a la ciudad autónoma

  • Los trabajos de emergencia en Tarajal y Benzú ampliarán los muros hasta los 150 metros en tres meses
  • El ministro Torres detalla en el Congreso el retorno de 16.475 personas y el fin de los asentamientos
Este miércoles comienzan las obras para ampliar los espigones fronterizos de Ceuta.

Este miércoles comienzan las obras para ampliar los espigones fronterizos de Ceuta.SOPA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso el inicio de las obras de emergencia para ampliar los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú, en Ceuta.

La comparecencia parlamentaria ha tenido lugar durante el debate de convalidación del real decreto-ley impulsado por el Gobierno de España, mediante el cual se aprueban 45,3 millones de euros de ayuda financiera extraordinaria destinadas a garantizar la estabilidad presupuestaria y asegurar la adecuada prestación de servicios públicos esenciales en la ciudad autónoma.

La intervención marítima de urgencia cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros y establece un plazo de ejecución de tres meses. Según ha detallado Torres ante la Cámara, las obras permitirán triplicar la extensión de las estructuras de contención, de modo que los muros marinos pasarán de 50 a 150 metros de longitud. Esta modificación técnica dará como resultado la consolidación de un obstáculo flotante continuo que superará el medio kilómetro de extensión.

La seguridad en el puerto vuelve a la normalidad

En materia de seguridad portuaria, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha firmado la resolución oficial que acuerda el restablecimiento del nivel 1 de protección marítima en el Puerto de Ceuta. Esta decisión deja sin efecto la activación del nivel 2 que permanecía vigente desde el 8 de septiembre, aplicada tras la ocupación temporal de parcelas para instalar infraestructuras de acogida humanitaria. Las autoridades confirman así el cese de circunstancias excepcionales y certifican el retorno a la operativa ordinaria dentro del recinto portuario.

De forma paralela, el ministro Torres ha verificado el desmantelamiento total de los asentamientos informales y chabolas en el polígono industrial del Tarajal, El Guano y las playas de Benítez y el Trampolín. Tras estas labores de desocupación, las fuerzas de seguridad confirman que no existen grupos de personas pernoctando en la vía pública ni ocupando parcelas en el área del puerto.

Respecto al volumen asistencial, la Administración General del Estado contabilizaba hasta la medianoche previa un total de 5.037 personas alojadas en los distintos recursos públicos desplegados en Ceuta. En este cómputo se incluyen 532 menores no acompañados que, a pesar de ser competencia de la administración regional, han sido derivados a dispositivos estatales para adultos debido a la saturación del sistema autonómico de protección. Estos 532 jóvenes se suman a los 3.156 menores atendidos en diez recursos asistenciales gestionados por el Gobierno local.

Por otra parte, el Ministerio facilitó datos sobre los flujos de salida del territorio nacional, confirmando que entre el 10 de agosto y la actualidad un total de 16.475 personas migrantes han retornado ya a Marruecos. Este saldo comprende devoluciones en frontera, retornos asistidos, expulsiones administrativas y desistimientos voluntarios de protección internacional.

Reparto de los 45,3 millones

La inyección económica aprobada mediante real decreto-ley alcanza un montante de 45,3 millones de euros y se articula en dos subvenciones directas a la Ciudad Autónoma. La partida principal, dotada con 40,6 millones de euros, se consigna para financiar gastos corrientes derivados de la sobrecarga en la red de servicios esenciales. Una segunda subvención, por valor de 4,7 millones de euros, se destina a cubrir gastos de capital extraordinarios para actuaciones urgentes en emergencias y protección civil. Este apoyo complementa las transferencias previas del Estado, que elevan la ayuda acumulada a 88 millones de euros.

El proceso de convalidación de la norma provocó un debate político de notable intensidad entre las fuerzas parlamentarias en la Diputación Permanente. Por parte del Grupo Socialista, la diputada Begoña Nasarre defendió el rigor de los recursos movilizados para amortiguar el impacto sobre la ciudadanía frente a discursos que tildó de alarmistas. Asimismo, el representante del PNV, Mikel Legarda, avanzó el voto afirmativo de su grupo al considerar imprescindible ofrecer una respuesta financiera e institucional inmediata ante las necesidades urgentes de la ciudad autónoma.

En la oposición, la portavoz del Partido Popular, Sofía Acedo, reprochó al Ejecutivo su falta de legitimidad moral y política, sosteniendo que la normalidad no se recuperará solo con aportaciones económicas, sino cuando se complete la salida total de quienes accedieron a la ciudad en julio. Desde Vox se defendió el término invasión, se criticó la falta de un calendario de pagos y se reclamó presencia militar permanente. Por último, Ione Belarra (Podemos) y Aina Vidal (Sumar) exigieron investigar las supuestas agresiones militares a migrantes documentadas por Amnistía Internacional y cuestionaron la falta de derivaciones asistenciales a la Península.