La amenaza de bloqueo sobrevuela TikTok: las opciones de España para suspender la red tras los supuestos casos de pederastia
- Un juez puede ordenar el bloqueo del acceso a TikTok desde España
- Los expertos consultados sugieren que esta medida puede trasladar estas prácticas ilícitas a otras plataformas

Una chica mirando la pantalla del teléfono móvil en la que aparecen varias aplicaciones de redes socialesGetty Images
TikTok está en el punto de mira. La investigación de Maldita.es sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en esta plataforma ha reabierto el debate sobre la seguridad de los menores en las redes sociales. El Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido la suspensión de la plataforma, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos y la Fiscalía han iniciado actuaciones. Pero, ¿puede España ordenar el cierre de TikTok?
Analizamos con la ayuda de tres expertos qué herramientas contempla la legislación, qué papel pueden desempeñar las autoridades españolas y qué consecuencias tendría una medida de este alcance.
¿Qué ha pasado?
El 9 de noviembre la organización sin ánimo de lucro Maldita.es publicó una extensa investigación en la que destapaba más de 1.000 vídeos con contenido explícito en TikTok y más de 7.000 perfiles en esta red social que piden y ofrecen material de abuso sexual infantil. Horas después de publicarse, el Ministerio de Juventud e Infancia pidió a la Fiscalía General del Estado que actuara "ante los presuntos casos de abuso sexual infantil" y mandó un escrito a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para paralizar la actividad de TikTok en España.
Pero esta agencia no ha adoptado la petición del ministerio que lidera Sira Rego. En un comunicado del 11 de noviembre, la AEPD explica que ordenará bloquear los contenidos "una vez analizada la información solicitada" a Maldita.es y a TikTok y que no tiene competencias en la investigación de los hechos descritos. Según explica este organismo, "se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada". Ese mismo día 11, la Fiscalía General encargó a sus compañeros de Criminalidad Informática una investigación sobre "los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores" que hubieran podido perpetrarse en TikTok. Y, dos días después, la Fiscalía de Criminalidad Informática ha denunciado a TikTok ante los juzgados y ha solicitado "con carácter urgente e inmediato" la retirada de los contenidos de abuso denunciados. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Y ahora qué?
La gran pregunta: ¿Quién puede suspender TikTok en España?
"En teoría, un juez español puede ordenar el bloqueo del acceso desde España a una plataforma digital" explica Borja Adsuara, letrado especialista en Derecho Digital. De hecho, en este país existe un precedente, aunque el motivo de la suspensión era otro. En 2024 el juez Pedraz de la Audiencia Nacional ordenó suspender de forma cautelar a Telegram a raíz de una denuncia presentada por varios grupos de comunicación por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Pero días después retiró la suspensión al considerar que la medida era "excesiva y no proporcional" por la posible afectación de múltiples usuarios.
Preguntado por una posible suspensión de TikTok tras la investigación de Maldita.es, Adsuara señala que "no sería viable" que la AEPD ordenase una suspensión cautelar a toda la plataforma porque TikTok tiene "26 millones de usuarios mensuales activos en nuestro país que hacen un uso legítimo de la red social". En su opinión, "lo razonable" es perseguir a las cuentas vinculadas al material de abuso sexual infantil y añade que lo que debe hacer TikTok "es colaborar con la Fiscalía y la Policía en la identificación de dichos usuarios".
La ministra Sira Rego apeló al artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos para paralizar la actividad de TikTok. Este artículo regula el denominado "procedimiento de urgencia" y permite a las autoridades de control intervenir de forma inmediata cuando existan circunstancias excepcionales que requieran proteger urgentemente "los derechos y libertades" de las personas. Adsuara insiste en que el caso actual de TikTok "es un caso de delitos de pornografía infantil, que debe seguir la justicia" y añade que este artículo del RGPD "está pensado para un tratamiento de datos ilegal generalizado". Sobre este punto, Adsuara comparte el ejemplo de Italia, que bloqueó en 2023 el uso de ChatGPT por no respetar la ley de protección de datos de los consumidores.
Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, apunta a la magnitud del problema: "Estamos hablando de compañías globales y los daños que se han identificado, muchos de ellos, exceden también el ámbito territorial español". Para Guadix, esto "lo hace más complicado" porque "tenemos un marco legislativo muy fragmentado a día de hoy". No obstante, hace un símil: "Si un modelo de avión detecta un fallo en una pieza, todos esos aviones van al suelo y no participa ninguno hasta que eso se subsane".
Los expertos consideran que suspenderla no resolvería el problema
"No es un problema exclusivamente de esta plataforma", sostiene Nacho Guadix. Este experto incide en que los niños "son captados no solo en redes sociales", sino también en otros sistemas que "pasan más desapercibidos como las plataformas de videojuegos". En la misma línea se posiciona la investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra Charo Sádaba sobre una posible suspensión de TikTok: "Partiendo de que no es posible hacerlo de modo permanente, pienso que no es la medida que pueda resolver el problema". Según apunta esta experta, este bloqueo puede "desplazar el uso a otras plataformas, a veces menos seguras, o a modos de conexión más vulnerables".
Casi el 60% de los niños y niñas en España afirma hablar con personas desconocidas a través de la red y casi el 8% ha recibido alguna proposición sexual por parte de un adulto. Estos son algunos de los datos que refleja el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital impulsado por Unicef España en 2025 a partir de una macroencuesta a casi 100.000 niñas, niños y adolescentes. Nacho Guadix incide en que la investigación de Maldita.es pone ejemplos a estas cifras que aparecen en el informe y que demuestra "la dimensión de este problema".
Para Sádaba, lo primero es "hacer cumplir la ley que ya existe". Revela que, en el caso de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "todavía no cuenta con las competencias para nombrar ‘alteradores de confianza’". Una figura llamada trusted flaggers que ya contempla la Ley de Servicios Digitales (DSA) y que permitiría detectar y notificar contenidos potencialmente ilícitos en internet, como el abuso sexual infantil. En este sentido, esta investigadora recuerda que la DSA compromete a las plataformas a "tener mecanismos de notificación y retirada de estos contenidos" y que sean "eficaces y rápidos". Menciona la investigación de Maldita.es para afirmar que se ha visto "que no han funcionado" y que esto quiere decir que "no están haciendo todo lo que está en sus manos". Para Guadix: "Estamos en el momento de ser contundentes, de que la justifica tome medidas, de que la administración establezca un marco regulatorio contundente y que si tiene que haber sanciones que las haya".
China, Rusia, Irán o Corea del Norte: los países que sí bloquean redes sociales
"No hay países democráticos que hayan bloqueado o cerrado el acceso a una red social completa", señala Charo Sádaba. Añade que los países que aplican o han aplicado de manera efectiva estos bloqueos son "China, Rusia, Irán o Corea del Norte". Pero, según explica esta investigadora, el motivo de estos bloqueos era diferente: "el control de la información a la que acceden sus ciudadanos". Para esta experta, "esto ya nos apunta a la enorme complejidad legal que implica para los países democráticos, donde el derecho a la información, la libertad de expresión y la privacidad son máximos".
Pensando en el caso de España, Sádaba asegura que la única circunstancia en la que se consigue parcialmente bloquear el acceso, de manera puntual, "es cuando se suprime el acceso a direcciones de IP que albergan", entre otras cosas, páginas que permiten ver las competiciones de futbol sin pagar.
Otra cosa distinta es lo que ha hecho, por ejemplo, Australia, que ha prohibido el acceso de los menores de 16 a las redes sociales, pero Sádaba subraya que "son las plataformas las que tienen que implementar el mecanismo para asegurarlo". En relación con este país, subraya que para junio de 2026 "se habían eliminado casi 5 millones de cuentas de usuarios menores de la edad legal permitida de acceso". No obstante, explica que "el propio gobierno admitió que los menores estaban encontrando otras maneras de acceder".

