Las unidades de valoración de víctimas de violencia de género están saturadas o sin crear: "Recursos tenemos los justos"
Objetivo igualdad
- La fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer lamenta los "recursos justos" del sistema
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
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"Todavía hay sitios donde las Unidades de valoración forense integral (UVFI) de violencia de género no están creadas. Me llevo peleando por ellas desde que empecé como fiscal delegada en Asturias. Sus informes para el maltrato habitual o el psicológico son un medio probatorio importantísimo". La fiscal de Sala Coordinadora contra la violencia sobre la mujer, Mª Eugenia Prendes, señala que la ausencia de estas unidades en algunas provincias es una de las mayores tareas pendientes del sistema de protección de las víctimas de violencia de género.
Prendes apunta que hay UVFI saturadas y familias atravesadas por un conflicto de violencia que esperan durante meses. "Recursos tenemos los justos", manifiesta Prendes, quien considera que profesionales como psicólogas o trabajadores sociales deberían formar parte del personal de los juzgados o de la sección de violencia especializada.
El sistema de protección a las mujeres
La fiscal analiza en un reportaje de Objetivo igualdad el sistema de protección a las mujeres que se apoya, entre otros, en la valoración policial y forense del riesgo, en órdenes de protección y otras medidas cautelares y el uso de dispositivos telemáticos que controlan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.
La cabo primero del equipo Mujer-Menor Central (EMUME) de la Guardia Civil Beatriz Campo Mansilla explica que los agentes de seguridad ciudadana de los puestos repartidos por todo el territorio español se encargan de las primeras actuaciones y de la protección de las víctimas. Asimismo, la Guardia Civil cuenta con 500 unidades especializadas: equipos VioGén, que hacen seguimiento y gestión de los casos de violencia de género y agentes de policía judicial, que supervisan los casos más complejos.
Campo explica cómo incluyen a las víctimas en el sistema VioGén 2: "Es necesario que los cuerpos policiales conozcamos que existe el caso. Puede ser por la denuncia de la víctima, sea por un episodio específico que le hace decidir presentar una denuncia, o por una acumulación de experiencias de violencia de género. Si tiene una historia detrás, también se tiene en cuenta".
Asimismo, la propia Guardia Civil puede actuar de oficio y "también existe la posibilidad de que personas del entorno de la víctima puedan denunciar el delito en el ámbito de la violencia de género", señala la agente de EMUME.
"VioGén no predice el comportamiento de un individuo"
El sistema VioGén contaba en septiembre con 111.463 casos supervisados de víctimas de violencia machista y tiene registrados un total de 800.119 maltratadores desde su creación en 2007. De ellos, 86.990, un 10,87 %, son reincidentes o persistentes -es decir, acumulan denuncias de dos o más mujeres-, según fuentes del Ministerio del Interior que recoge Efeminista.
La fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer considera que las valoraciones que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en VioGén son "una herramienta muy buena" que contiene muchos datos. Sin embargo señala: "Tampoco tenemos que confundirnos, no es un sistema para predecir cómo se va a comportar un determinado individuo en un momento determinado, pero sí se puede estimar qué riesgo hay".
43 mujeres asesinadas en lo que va de año
En lo que va de año, 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El 28 % de los maltratadores tenían denuncias previas y varias de ellas, incluso, contaban con medidas de protección en vigor, pero los mecanismos de protección fracasaron, informa Efeminista.
"Cada vez que se produce un feminicidio en el ámbito de la violencia de género es un gran golpe social", señala Beatriz Campo, "pero existen casos que hemos empezado a gestionar y hemos conseguido que la protección de las víctimas sea efectiva, que se pueda hacer una reintegración en la sociedad sin que haya un desenlace fatal".
Por su parte, Mª Eugenia Prendes considera "un gran acierto" que las cuestiones civiles y penales de los casos de violencia de género "se vean en un mismo juzgado". Ese "abordaje integral", opina, es una de las razones para que se hayan reducido los asesinatos machistas en los últimos años.
Los asesinatos de Dámaso y Augusto Marcelino
El reportaje de Objetivo igualdad muestra dos casos en los que las instituciones fallaron a la hora de proteger a mujeres víctimas de maltrato por parte de su pareja y expareja. El caso de la agente de la Guardia Civil Laura Cruz, asesinada por su expareja y padre de sus tres hijos, Dámaso.
Él acudió a la casa cuartel de la Guardia Civil de Llanes el 5 de agosto de 2026 y la disparó, después fue abatido y murió. Había sido condenado previamente y tuvo órdenes de alejamiento, pero no en el momento del asesinato. Laura Cruz había solicitado protección y le fue denegada.
La fiscal Mª Eugenia Prendes, que llevó este caso cuando ejerció en Asturias y formó parte del comité de crisis que analizó el asesinato, lamenta: "Creo que fallaron muchas consideraciones, se subestimó el riesgo extremo que presentaba este individuo. El atestado que se hizo era contundente, pero no se le concedió la orden de protección".
También da su testimonio Stephan Jorgensen, abogado de la familia de Diana Marisol, asesinada por Augusto Marcelino el 30 de diciembre de 2024. Ella presentó hasta cuatro denuncias contra su maltratador, pero según denuncia el letrado, "no tuvo un acompañamiento" ni policial ni psicológico.
Con una orden de alejamiento en vigor, no se puso ninguna medida a Augusto Marcelino para comprobar que la cumplía, como una pulsera telemática. Casi dos años después y tras la celebración de un juicio con jurado popular, ha sido condenado por el asesinato de Diana Marisol a 20 años de prisión y a indemnizar al hijo de ella con 340.000 euros y a sus padres con 85.000 euros a cada uno más las costas del proceso. La sentencia no es firme y cabe que interponga recurso.
