La filiación y reparto de los menores migrantes en Ceuta: ¿Cómo son los procesos y qué dice la ley?
- El Gobierno estima que siguen en las calles entre 500 y 700 menores no acompañados, aunque oenegés hablan de 2.000
- En 2025 se aprobó un mecanismo para distribuir menores entre comunidades cuando hay una situación extraordinaria
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En las calles de Ceuta siguen deambulando, según el Gobierno, entre 500 y 700 menores migrantes no acompañados. Pero organizaciones de infancia y derechos humanos que trabajan sobre el terreno aseguran que son más de 2.000 los que duermen al raso. Un delicado escenario logístico marcado por el lento proceso de identificación y la incertidumbre por el futuro inmediato de estos niños, niñas y adolescentes, ya sea por el regreso con sus familias a los países de origen o por su traslado a la península, lo que sigue generando una fuerte polémica política.
¿Pero cómo son los procesos y qué dice la Ley?
¿Qué ocurre cuando un menor no acompañado llega a Ceuta?
Cuando un menor llega a España sin adultos a su cargo, como los miles que se echaron al mar el 30 y 31 de julio pasados durante la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares a Ceuta, la prioridad es su identificación, atención inmediata y protección, según explica a RTVE Noticias Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
A los menores se les aplica un procedimiento diferente al de los adultos. Debe prevalecer su interés superior y tiene garantías adicionales. No tienen asilo —como sí puede solicitar un mayor de edad—, sino una protección especial por la que no se puede iniciar un procedimiento de devolución. Solo ampararse, ya sea en un procedimiento de reagrupación familiar a su país de origen, o quedar bajo la tutela de la comunidad o ciudad autónoma a la que llegan.
Cuál es el recorrido administrativo para su identificación y protección
La Policía interviene desde el primer momento en la localización e identificación. Cuando detecta a un niño en la calle, el primer paso es saber quién es y comprobar su edad. Y si hay dudas sobre esta, se inicia el procedimiento con la Fiscalía. Después se pone a disposición de los servicios de protección, que se hacen cargo de su guarda y atención. En Ceuta le corresponde al Área de Menores de la Ciudad Autónoma.
Desde la llegada masiva, la labor de diversas asociaciones vecinales y oenegés se ha tornado crucial. Ya sea por la acogida de madres e hijos en campamentos improvisados impulsados por esas organizaciones —a la espera de que sean alojados en recursos oficiales— o para acompañar a los menores desde donde están acampados hasta las comisarías, para apoyarles con mediación o traducción hasta que entren en el sistema.
Así lo explica Ana García, secretaria de la plataforma Humanitarios Sin Fronteras, una de las tantas organizaciones volcadas en el terreno. "Ahora mismo faltan espacios de acogida para recibir a estos menores, y no todos los recursos de acogida que se han propuesto reunían las condiciones necesarias", critica.
A esto se suma el testimonio en prensa de algunos chicos y chicas que advierten de los problemas para ser filiados, que van y vienen a la comisaría pero no les atienden, en medio de la saturación de las instituciones. "Muchos días se han encontrado con que ya había una cantidad de menores en las puertas de la Policía Nacional esperando poder ser recibidos por el equipo de menores y hacer esta identificación. Y hasta que se les ha dicho: 'Ya hoy es imposible que continuemos'", añade García.
Una vez que se confirma que es menor y entra en el sistema de protección, se abre el expediente con su caso, en el que se aborda su situación personal y familiar, si existe especial vulnerabilidad, si puede necesitar protección internacional y cuál debe ser después su situación administrativa. Los menores deben ser derivados a los centros ya habilitados en Ceuta para su atención. Y requieren una representación legal provisional por parte de un abogado.
El problema de la identificación: ¿Quiénes son menores de edad?
Y precisamente uno de los mayores problemas es la certificación de la edad. "En Marruecos hasta los 15 años no hay obligación de tener la Carta Nacional de Identidad, por ejemplo, y muchos no se la hacen", agrega García, que insta a agilizar las pruebas que determinan cuántos años tienen esos jóvenes.
"En la ciudad hay chicos de 16 o 17 años junto a jóvenes de 18, 19 o 20, por lo que a simple vista no siempre es fácil distinguir quién es menor. Cuando hay dudas sobre la edad de una persona indocumentada, se inicia el procedimiento para determinarla, con intervención del Ministerio Fiscal", detalla el presidente de los abogados.
González revela que, en el contexto actual, el Colegio de la Abogacía de Ceuta está asumiendo funciones vinculadas al triaje. Es decir, abogados y abogadas que están actuando como representantes provisionales de los menores, una figura independiente de la Policía y de la entidad de protección que vela por los intereses del menor.
El Gobierno ha alojado ya en recursos temporales de acogida instalados en la ciudad autónoma a más de 6.000 personas de las que entraron masivamente desde Marruecos en julio y estima que quedan entre 3.000 y 4.000 personas en las calles. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló este lunes que son entre 500 y 700 niños. "La prioridad debe ser sacarlos de ahí y llevárselos a la península" para desaturar Ceuta y "salvaguardar" sus derechos, remarcó en una entrevista en la Cadena Ser. A esos menores aún sin registrar se suman los más de 2.000 que ya han sido filiados.
Ceuta o Gobierno central: ¿quién tiene la competencia?
Tanto el Gobierno local como el central tienen competencia en el devenir de los menores migrantes no acompañados, pero en ámbitos distintos. Su protección corresponde a la Ciudad Autónoma y es la que está habilitando los recursos para atender a los localizados.
Por su parte, el Ejecutivo central tiene las competencias en materia de extranjería y protección internacional sobre los procedimientos administrativos que puedan derivarse de ella, incluida la eventual repatriación. "Por eso, en la atención a estos menores intervienen necesariamente ambas administraciones y la coordinación entre ellas es fundamental", enfatiza González.
La mayoría de las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular o en coalición con Vox, rechazan acoger a nuevos menores o deniegan los traslados masivos, alegando que sus centros de acogida ya están al límite de su capacidad. Insisten en que todos los migrantes deben volver a sus países.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que el consentimiento de las comunidades gobernadas por el PP no es necesario, aunque reconoció que "es difícil" que se pueda proceder al traslado "sin el apoyo" del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, tras lo que ha pedido a ese partido que "se aclare". También afirmó que aunque los expedientes de reagrupación familiar hasta el 31 de julio no tuvieron respuesta por parte de Marruecos, sí espera ahora que el Gobierno del país alauita cumpla con su disposición a acoger a todos los menores y migrantes.
"Si resulta que la prioridad e interés del menor es el reagrupamiento y resulta que Marruecos está dispuesto a colaborar, activemos los mecanismos necesarios para que así sea", advirtió posteriormente Vivas. "El problema es que Marruecos luego no colabora todo lo que debiera a la hora de emitir los informes correspondientes sobre la situación familiar del menor. Si hay voluntad por parte de Marruecos, y se dice que la hay, que elabore esos informes y así todos cumpliríamos con los objetivos", agregó.
La mayoría de los niños "se van a quedar" en España, según Sira Rego
"Yo creo que la mayoría se quiere quedar en España. Y se van a quedar", aseveró Rego. Según la ministra, esto puede ocurrir "porque hay una ley que les protege". "Tenemos una norma garantista que les escucha, que les protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia... la obligación como sociedad es protegerlos", expresó.
En unos días, según agregó, tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar y será en ese momento en que habrá que ver la respuesta del país vecino. "No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores", enfatizó.
La ministra puso el foco en las autoridades ceutíes y dijo que es el sistema de acogida de Ceuta el que tiene que hacerse cargo al tener la competencia. Y tildó de "indignante" la negativa a trasladar a la península a los niños que ya están dentro del sistema. La cartera lleva varias semanas reclamando el envío de 500 niñas consideradas como colectivo vulnerable, cuyo coste del operativo correría a cargo del Gobierno central. La Fundación Engloba, con sede en Almería, ya ha asegurado tener capacidad para acoger a medio millar de menores en sus recursos, distribuidos sobre todo por Andalucía, sea cual sea la vía por la que se acuerden los traslados.
¿Puede otra comunidad autónoma asumir la tutela?
La normativa permite trasladar a un menor no acompañado a otra comunidad para que sus servicios de protección se hagan cargo de él. Desde 2025 existe un mecanismo específico para distribuir a menores entre comunidades cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria.
En concreto, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros en marzo del año pasado una reforma para el reparto de menores. Con este cambio, la distribución se basa principalmente en criterios poblacionales y de presión migratoria. El decreto ley modifica el artículo 35 de la ley de extranjería y establece los criterios para la derivación a otras autonomías de menores migrantes procedentes de los territorios que estén tensionados, como Ceuta.
Estos criterios, que se aplican en caso de que no se pacten previamente en una conferencia sectorial, se establecen en parámetros de población, renta per cápita, tasa de paro, dimensionamiento estructural del sistema de plazas en los centros de menores migrantes, esfuerzo previo de acogida, ser ciudad fronteriza, insularidad y dispersión. El Gobierno señaló que cualquier autonomía con una presencia de menores no acompañados que multiplique "por tres" su capacidad ordinaria podrá trasladar su situación de emergencia y pedir activar los mecanismos de la ley.
¿Quién decide si un menor migrante puede ser repatriado?
La decisión del reagrupamiento familiar de los menores corresponde a la Administración General del Estado a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. "Pero no basta con que el menor haya entrado irregularmente en España para decidir su regreso. Antes hay que estudiar su caso: cuál es su situación personal y familiar, qué circunstancias existen en su país de origen y, sobre todo, si regresar es realmente lo mejor para él", sentencia González.
Esa repatriación, subraya, debe tener como objetivo reunirlo con su familia o ponerlo bajo la protección de los servicios de menores de su país de origen. Pero si eso no fuera posible, debe permanecer bajo la protección del país de acogida: "Es decir, un menor puede ser repatriado, pero no simplemente “devuelto” por haber cruzado irregularmente la frontera".
Estos procedimientos se deben dar con las garantías específicas e intervienen los servicios que tienen a su cargo al menor y el Ministerio Fiscal. Además, el propio menor tiene derecho a ser oído en los términos establecidos legalmente.
La salud física y mental de los menores, "gravemente afectada"
La Plataforma de Infancia, integrada por diversas organizaciones, ha pedido "activar de manera inmediata" los mecanismos necesarios para trasladar a los niños que han llegado sin el acompañamiento de personas adultas desde Ceuta a otras comunidades donde puedan ser atendidos correctamente, priorizando a los perfiles más vulnerables.
"Tras más de un mes y medio viviendo en estas condiciones, su salud física y mental se está viendo gravemente afectada. Cada día que transcurre sin una respuesta adecuada aumenta la desprotección y agrava los riesgos a los que se enfrenta la infancia, expuesta a situaciones de violencia, abuso y explotación", reza un comunicado al que se adhieren 27 organizaciones, entre ellas Save the Children o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno estiman que siguen en Ceuta al menos 4.000 niños, de los que más de 2.000 —frente a los 500-700 que calcula el Gobierno— se encuentran en situación de calle y una parte importante sigue sin ser identificada y carece de acceso adecuado a alimentación, agua, alojamiento y atención sanitaria.
Las organizaciones reconocen el "importante esfuerzo" de la ciudad de Ceuta, pero piden que se activen los traslados, con todas las garantías y atendiendo a las necesidades de cada uno. E instan a que las diferencias políticas no obstaculicen la adopción de medidas para el bienestar, seguridad y protección de los menores y que las comunidades implementen de forma urgente las acciones para los traslados.
Cualquier posible repatriación, sentencian, debe acordarse con procedimientos individualizados, con garantías reforzadas y asistencia letrada. Y en ningún caso, subrayan, se pueden impulsar devoluciones colectivas de menores sin acompañamiento familiar ya que son contrarias al ordenamiento jurídico español y al derecho internacional.
