El Gobierno limita la gestación subrogada: los bebés no podrán ser inscritos en los consulados españoles

• Así consta en una resolución que se publicará este jueves en el BOE y a la que ha tenido acceso RTVE
• Además, suspende todos los expedientes abiertos

Los bebés nacidos por gestación subrogada no se podrán inscribir directamente

El Gobierno va a limitar la gestación subrogada, lo que se conoce popularmente como 'vientres de alquiler', por lo que a partir de este jueves, los bebés nacidos a través de esta práctica en el extranjero no podrán ser inscritos en los consulados españoles y tendrán que ser inscritos en el Registro Civil mediante "filiación biológica o por filiación adoptiva posterior".

Así consta en una resolución del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la que ha tenido acceso RTVE, y que entrará en vigor este jueves con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con esta instrucción, se prohibirá el registro de los menores aun cuando exista resolución administrativa o judicial en el extranjero, que valide el contrato por gestación subrogada, como se hacía hasta el momento y ocurría, principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Aunque los menores podrán seguir viajando a España, a partir de ahora los llamados padres de intención deberán obtener de las autoridades locales, si procede, el pasaporte y permisos correspondientes para viajar con los niños, y una vez en nuestro país, iniciar el proceso de filiación según los medios ordinarios previstos en el ordenamiento español, esto es, bien por vínculo biológico, respecto de alguno de los progenitores, o bien por adopción, cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías.

Además, la instrucción indica que se suspenden las solicitudes pendientes de inscripción de los menores a fecha de publicación en el BOE.

Prohibida desde 2006

En España, la gestación por sustitución está prohibida desde 2006, pero aun así, según datos del Ejecutivo, en 2024, 154 menores nacidos fuera del país mediante esta técnica fueron inscritos en el Registro Civil en virtud de una resolución judicial extranjera.

Según el Ministerio de Justicia, el objetivo de la resolución que se publica este jueves es "evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero, una reclamación histórica del movimiento feminista y de los colectivos que defienden la protección de los menores por suponer una mercantilización del cuerpo de la mujer y de sus hijos".

Además, la nueva instrucción adecua el régimen registral a una sentencia del Tribunal Supremo de 2024, que rechazaba regularizar a niños nacidos por gestación por sustitución, aunque lo respalden jueces o resoluciones de otro país, pues argumentaba que era "nulo y contrario al marco legal español".

Esta sentencia del Supremo también indicaba que "la protección del menor debe partir de las leyes y convenios aplicables en España y de la jurisprudencia que los interpreta", y reiteraba que el contrato de gestación subrogada "cosifica a la mujer gestante y al menor, además de vulnerar principios fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico".

Según el titular de Justicia, Félix Bolaños, "el Gobierno da un paso más contra la explotación de las mujeres que suponen los vientres de alquiler". En un mensaje en la red social X, ha asegurado que con la instrucción se protege a las mujeres y se asegura el "cumplimiento de la legislación española y europea".

Reivindicación del movimiento feminista

Desde la plataforma 'Stop Vientres de Alquiler', su fundadora, Ana Trejo, celebra el cambio que introduce el Ministerio de Justicia. "Es un reclamo del movimiento feminista y lanza un mensaje muy importante a la sociedad de que no va a ser tan fácil comprar un bebé", asegura a RTVE.es.

Para Trejo, es "un paso muy importante", porque a partir de la nueva resolución las personas que recurran a la gestación por sustitución, independientemente de dónde lo hagan, tendrán que iniciar en España el proceso judicial pertinente para demostrar la filiación del menor. "Hasta ahora quien podía pagar se iba a Estados Unidos, donde por sentencia se establece quienes son los padres, con independencia de si hay relación genética o no", explica.

No obstante, cree que es "insuficiente", y el "siguiente paso sería que la gestación subrogada se contemple como trata de mujeres con fines reproductivos en la futura ley contra la trata, prevista para el verano, para que la prohibición de esta práctica sea efectiva y sea considerada delito".

Además, considera que se debería ir "contra los que delinquen". "No se puede decir que la gestación subrogada es violencia reproductiva contra las mujeres en España y no permitirlo, pero, en cambio, permitimos que se pueda hacer fuera", lamenta.

"Un paso atrás"

En el otro lado están asociaciones como Son Nuestros Hijos que defienden la gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida y que lamentan el "paso atrás" que supone la nueva normativa, que les ha caído como un jarro de agua fría justo el día que se reúnen en Bruselas con el comisario de Justicia, Michael McGrath para exponerle la problemática de las familias en Europa que recurren a la gestación por sustitución.

Según el portavoz de Son Nuestros Hijos, Pablo Bilbao, "es un paso atrás y quita derechos conseguidos por sentencia a los niños". "Es sorprendente esta decisión. Si se quiere hacer daño a los menores, lo van a conseguir", lamenta en una conversación con RTVE.es.

Aún así, Bilbao ha explicado que la nueva instrucción afectará a quienes recurrían a países que eran "más garantistas" en todo el proceso, y donde hasta ahora se permitía la inscripción directa de los menores con sentencia judicial, como es Estados Unidos y Canadá, mientras que los que acudían a otros países, como Ucrania, Georgia o México, ya tenían que hacer los trámites como fija la norma que este jueves publicará el BOE.

En este sentido, el portavoz de Son Nuestros Hijos recuerda que esta resolución supone "una situación de desprotección" para los menores porque ahora vendrán a España con el padre "que ha aportado la carga genética", que es el que se establece como biológico, mientras que la madre o el otro padre (en el caso de parejas homosexuales) tendrá que iniciar el proceso de adopción en nuestro país. "Si la adopción es larga, esa madre o ese otro padre no tienen derecho a nada mientras tanto: no pueden autorizar una operación del niño si hiciera falta y además, el menor queda desprotegido si, por ejemplo, le pasa algo al padre biológico", explica.

Precisamente, una delegación de Son Nuestros Hijos, junto a otras asociaciones europeas homólogas, se ha reunido la tarde de este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, para trasladarle la preocupación de las familias por la “deriva del Gobierno español y de su Ministerio de Justicia”, ya que, según han explicado, “va en la línea de las decisiones que ha tomado la Italia de Meloni”. Así, le han pedido al comisario que tome "las decisiones oportunas" que velen por los derechos de los menores y sus familias para anticiparse "a lo que pueda suceder".