La amnistía abarcará entre 2012 y 2023 e incluye casos de "judicialización de la política": claves del pacto PSOE-Junts

• PSOE y Junts cierran un pacto para la investidura de Sánchez y Junts se compromete a dar estabilidad a la legislatura
• Última hora en directo de la primera jornada de la investidura de Pedro Sánchez

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, junto a Miriam Nogueras y Jordi Turull en Bruselas.

El pacto alcanzado este jueves entre el PSOE y Junts para desarrollar una ley de amnistía a los encausados por el 'procés' y facilitar la investidura y la legislatura de Pedro Sánchez reconoce las "profundas discrepancias" entre ambas formaciones, que ponen de manifiesto la "complejidad" y los "obstáculos" del "proceso" que se disponen a emprender. El trascendental acuerdo establece el perímetro temporal de la medida de gracia- de 2012 a 2023- e incluye la principal de las reivindicaciones del partido de Carles Puigdemont: abrir la puerta a los casos de la denominada 'lawfare' o "judicialización de la política", tal y como reza el pacto, ya que desde Junts consideran que hay personas que no están implicadas directamente en el 'procés', pero que se han visto dañadas por un "uso estratégico de las leyes".

Aquí, las claves del pacto decisivo para la investidura de Sánchez:

La amnistía no lleva nombres propios y abarcará entre 2012 y 2023

El acuerdo firmado entre PSOE y Junts incluye una amnistía, sin nombres propios, que abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023, tal y como recoge el texto que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, "antes y después de la consulta de 2014 y del consulta de 2014referéndum de 2017vinculados a estos eventos".

Se beneficiarán de la amnistía casos de la denominada 'lawfare'

La amnistía incluirá casos de la denominada 'lawfare' o "judicialización de la política", tal y como reclamaba la formación independentista catalana. La expresión lawfare hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos.

Así, el pacto señala que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto "lawfare" o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican "un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes".

Esto puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás o el colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont, José Luis Alay o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, todos ellos encausados en delitos distintos al proceso independentista.

Junts propone un referéndum y el PSOE defiende el Estatut de 2006

Junts deja claro que su horizonte sigue siendo la celebración de un referéndum de autodeterminación y así lo propone en este acuerdo en el que ve ese referéndum como paso para resolver el "futuro político de Cataluña". Y en este sentido, avanzan que plantearán, en la primera reunión de negociación para este mismo mes de noviembre, la celebración de un referéndum "amparado en el artículo 92 de la Constitución", reza el texto.

El PSOE también deja clara su posición y señala en el pacto que "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".

"Mecanismo internacional" para "verificar"

En el pacto firmado figura la puesta en marcha de un "mecanismo internacional" entre ambas organizaciones para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos" a los que lleguen. Puigdemont lo ha denominado "relator internacional" y ha explicado que esta figura es necesaria dada la "desconfianza" y "diferencias" entre ambas partes.

Acuerdo de investidura y de legislatura

El acuerdo entre PSOE y Junts va más allá de garantizar a Sánchez su investidura- a falta de la confirmación de los votos del PNV- con los siete diputados de Junts. El partido de Puigdemont se compromete a garantizar la estabilidad de la legislatura, pero sujeto a los avances en la negociación, en los mismo términos que el acuerdo con ERC.

Junts pedirá el 100% de los tributos para Cataluña

Junts pedirá, según recoge el acuerdo, "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya" a la Generalitat. El partido de Puigdemont propone una modificación de la LOFCA (la norma que regula la financiación de las autonomías) "que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat". Por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya", añade el documento.

Plan para que regresen a Cataluña las empresas que se mudaron

Y también en el marco económico, se plantea una estrategia común que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista ilegal de octubre de 2017.