Cataluña reactivará el pasaporte COVID el viernes tras el colapso informático

• La resolución entrará en vigor el viernes a las 00:00 horas y se exigirá a todos los ciudadanos de 13 o más años
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Certificado digital de vacunación de una clienta en un restaurante.

El Govern de Cataluña reactivará el requisito del pasaporte COVID en bares, restaurantes, gimnasios o residencias en Cataluña a partir del próximo viernes, después de verse forzado el pasado 26 de noviembre a posponer su obligatoriedad por el colapso del sistema informático.

Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, tras la reunión de la comisión delegada de la COVID-19. Como principal novedad de la nueva resolución, que entrará en vigor el viernes a las 00:00 horas, destaca un cambio de edad por el cual el certificado se exigirá a todos los ciudadanos de 13 o más años, y no a partir de los 12 años, como en la anterior orden.

"La idea de estos días de margen es que sean para que la gente se lo siga descargando con tranquilidad", ha señalado Argimon, que ha explicado que pondrán en marcha una campaña informativa sobre cómo guardar el pasaporte COVID para evitar la reiteración de descargas que produjeron el colapso la semana pasada.

Más allá de la puesta en marcha de este pasaporte, por ahora el Govern no contempla adoptar nuevas medidas adicionales para contener el incremento de propagación de la pandemia, que según Argimon seguirá al alza, como mínimo, durante las próximas dos semanas.

En los últimos días ha habido un ritmo de unas 400.000 descargas al día y solo durante la última semana se han generado cerca de 1,5 millones de certificados, según datos del Departamento de Salud.

Obligatorio en seis comunidades

En total, en seis comunidades en España, es obligatorio el pasaporte COVID para entrar en diferentes establecimientos públicos (Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares). La Fiscalía del Supremo ha avalado implantarlo en el País Vasco después de que lo rechazase en un primer momento y después de que se presentase recurso.

Andalucía y Canarias por su parte están a la espera de la decisión judicial y Castilla y León contempla en estudio esta medida. En Murcia, en cambio, es voluntario y el resto de comunidades no lo contemplan por el momento.