La Guardia Civil pide una auditoría de las cuentas de la Generalitat ante su "opacidad" sobre el 1-O

• Señalan en un informe su convencimiento de que se ha utilizado dinero público
• Proponen que la haga Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas

Agentes de la Guardia Civil en el colegio de Sant Julià de Ramis (Girona), uno de los puntos de votación que estaban previstos en el 1-O.

La Guardia Civil ha reclamado una auditoría de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por la gran "dificultad" que están teniendo para averiguar las cantidades exactas con las que se financió el referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.

Así lo han hecho constar en uno de los últimos informes entregados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde dejan constancia de la "opacidad" de la administración catalana, que no ha respondido al requerimiento judicial en el que se les pedía la información de las partidas destinadas a ese fin.

Precisamente, la Guardia Civil ha registrado este jueves la sede de la empresa de correos Unipost en L'Hospitalet de Llobregat, dentro de la investigación del referéndum de independencia del 1-O y ha detenido al director general de Unipost, Pablo Raventós, tras el registro.

En el citado informe en el que pide una auditoría, al que ha tenido acceso Europa Press, los instructores hacen "constar la dificultad que entraña conocer las cantidades verdaderas" que han sido empleadas para "preparar y finalmente materializar" esa consulta.

Propone que la haga Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas

Por este motivo, consideran que "para determinar con exactitud o con una aproximación más real las cantidades malversadas sería necesario realizar una Auditoría a las cuentas de la Generalitat".

La Guardia Civil recomienda que esta auditoría sea llevada a cabo por "un organismo con capacidad efectiva para esa tarea" y propone que lo haga la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.

Los investigadores tampoco descartan que parte de los gastos que ocasionó el referéndum ilegal los sufragaran la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural "gracias a las subvenciones" que reciben ambas entidades, cuyos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión preventiva.

En el citado informe, fechado el pasado 20 de noviembre, los agentes dejan claro su convencimiento de que "se ha empleado dinero público" en el 1-O, pero sólo han logrado determinar una parte de lo que gastó el gobierno de Carles Puigdemont.

Se trata del coste de las campañas publicitarias para llevar a cabo el referéndum ilegal, cuyas facturas sumaron 502.639,61 euros. Un gasto cuya autorización atribuyen al Consejero de Presidencia, Jordi Turull.

Contratos por valor de 2,3 millones de euros

También han podido averiguar que la partida total que había previsto la Generalitat catalana para las campañas publicitarias del referéndum ascendía a 2,7 millones de euros mas IVA. Aunque adjudicó contratos por valor de 2.299.200,20 euros más 47.000 euros de IVA. Sin embargo, las empresas adjudicatarias de esas campañas renunciaron a llevarlas a cabo.

La Guardia Civil ha logrado estos datos tras interrogar tanto a los intervinientes en la adjudicación como a los adjudicatarios. Pero, a pesar de que Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadana, ha asegurado que ese dinero debe seguir en las arcas de la Generalitat, los agentes desconocen "la certeza de esa afirmación".

Así lo han hecho constar en el informe en el que solicitan la auditoría de las cuentas de la Generalitat porque ésta no ha contestado todavía al mandato judicial de 6 de noviembre. En esa orden, el juez instructor del caso reclamaba el desglose de las partidas destinadas al referéndum y la Consejería a la que se repercutieron los gastos.